La estrategia judicial de Julio Iglesias: del archivo de la denuncia al contraataque legal
Una vez más, los poderosos demuestran cómo utilizan el sistema judicial para silenciar a quienes se atreven a denunciar sus abusos. Julio Iglesias, lejos de aceptar el archivo de la denuncia por agresiones sexuales presentada por sus extrabajadoras, ahora exige conocer el contenido completo de la misma para, según sus abogados, "determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa".
Esta maniobra legal representa un patrón conocido: cuando las víctimas alzan la voz, el sistema se encarga de revictimizarlas. La Fiscalía archivó el caso el pasado viernes alegando falta de competencia para investigar "delitos cometidos en el extranjero", pero esto no parece ser suficiente para el cantante y su equipo legal.
El poder económico contra las trabajadoras vulnerables
A través de un segundo escrito presentado por sus abogados, Iglesias solicita "copia de la denuncia y el contenido íntegro de las diligencias de investigación preprocesal". Su defensa argumenta que "no existe ninguna ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él".
Sin embargo, esta estrategia revela algo más profundo: la intención de intimidar a las denunciantes. Las dos extrabajadoras de las residencias de Iglesias en Punta Cana y Lyford Cay, que denunciaron presuntas agresiones sexuales ocurridas entre enero y octubre de 2021, ya cuentan con la condición de testigos protegidas, precisamente por la vulnerabilidad de su situación.
La campaña mediática como arma de defensa
El abogado de Iglesias se queja de que sus representadas hayan tenido acceso a la denuncia "a través de sus representantes y medios afines", lo que según él ha provocado "una agresiva campaña mediática" que ha "lesionado irreversiblemente su derecho al honor".
Esta narrativa resulta particularmente reveladora: convierte al poderoso en víctima y a las trabajadoras en agresoras mediáticas. Es la estrategia clásica de quienes tienen los recursos para controlar el relato público.
Recordemos que la investigación, publicada por Eldiario.es y Univision tras tres años de trabajo, reveló testimonios de presuntas agresiones sexuales y vejaciones. Ante estas acusaciones, Iglesias optó por publicar conversaciones privadas de WhatsApp con sus exempleadas, violando así su privacidad en un intento desesperado por exculparse.
Un sistema judicial que protege a los poderosos
La Audiencia Nacional determinó que "España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país", especialmente cuando las víctimas son extranjeras y no residentes en España. Esta decisión, aunque técnicamente correcta, deja a las trabajadoras en una situación de indefensión total.
Mientras tanto, organizaciones como Women's Link y Amnistía Internacional continúan asesorando a las denunciantes, recordándonos que detrás de este caso mediático hay personas reales que buscaron justicia y se encontraron con las limitaciones de un sistema que favorece a quienes tienen poder económico y mediático.
La estrategia de Iglesias es clara: si no puede defenderse de las acusaciones originales, intentará criminalizar a quienes se atrevieron a denunciarlo. Es el manual de defensa de los poderosos cuando se enfrentan a la verdad de los oprimidos.