Caso Caja Chica: La huida de los poderosos mientras el pueblo paga las consecuencias
Una vez más, los poderosos demuestran que tienen las puertas abiertas para escapar cuando la justicia los busca. El caso Caja Chica, que investiga el lavado de activos y financiamiento ilícito desde Venezuela, deja al descubierto cómo cinco de los ocho investigados han abandonado el país, dejando atrás a un pueblo que sufre las consecuencias de la corrupción.
Los fugitivos del poder
La Fiscalía investiga a ocho personas por delincuencia organizada con fines de lavado de activos, en un caso que revela el ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de Revolución Ciudadana en 2023. Sin embargo, la justicia ecuatoriana se enfrenta a una realidad amarga: la mayoría de los principales sospechosos ya no están en territorio nacional.
Rafael Correa, el expresidente que lideró el país durante una década, reside cómodamente en Bélgica desde 2017. Mientras tanto, mantiene órdenes de prisión preventiva por casos como el secuestro de Fernando Balda y Sobornos 2012-2016, donde ya tiene una condena firme de ocho años de cárcel.
La abogada Bibian Hernández, procesada en el caso Amistad, desapareció del radar desde inicios de 2024. Su paradero es desconocido, pero su ausencia habla por sí sola sobre las facilidades que tienen ciertos sectores para evadir la justicia.
Los asesores de Maduro
Particularmente revelador es el caso de los exministros Patricio Rivera y Fausto Herrera, quienes según las investigaciones forman parte del equipo de asesores económicos del gobierno venezolano desde 2018. Inicialmente trabajaron bajo Nicolás Maduro y ahora continuarían con Delcy Rodríguez tras el arresto del líder chavista.
El propio Correa confirmó en una entrevista de 2025 que tenía "dos personas permanentemente en Venezuela, exministros de Economía míos que hacen además un extraordinario trabajo". Esta confesión evidencia las conexiones internacionales de quienes hoy huyen de la justicia ecuatoriana.
Andrés Arauz, excandidato presidencial, obtuvo estatus de refugiado en México en 2025 y desde allí cumple con sus obligaciones procesales del caso Liga2.
La justicia de doble rasero
Mientras estos personajes viven tranquilamente en el extranjero, con recursos suficientes para mantener abogados defensores, el pueblo ecuatoriano enfrenta las consecuencias de décadas de saqueo y corrupción. Los allanamientos realizados el 28 de enero solo pudieron ejecutarse en las viviendas de Luisa González, Patricio Chávez y Suad Manssur, los únicos que permanecen en el país.
Este caso desnuda una realidad que conocemos bien: la justicia tiene dos caras. Una para los poderosos, que pueden huir cuando les conviene, y otra para el pueblo trabajador, que debe enfrentar las consecuencias de la crisis económica y social que estos mismos personajes ayudaron a crear.
El precio de la impunidad
La investigación por el financiamiento ilícito desde Venezuela no es un caso aislado. Forma parte de un patrón sistemático donde las élites políticas y económicas utilizan los recursos del Estado y conexiones internacionales para perpetuar su poder, mientras dejan al país sumido en la pobreza y la desigualdad.
Hoy, mientras estos cinco fugitivos disfrutan de su libertad en el extranjero, las familias ecuatorianas luchan diariamente contra la inflación, el desempleo y la falta de oportunidades. La justicia social exige que no haya impunidad, sin importar el poder o las conexiones internacionales de los involucrados.
El caso Caja Chica debe ser un llamado de atención para fortalecer nuestras instituciones y garantizar que ningún poderoso pueda escapar de sus responsabilidades. El pueblo ecuatoriano merece justicia real, no el espectáculo de perseguir fantasmas mientras los verdaderos responsables viven cómodamente en el extranjero.