Caso Caja Chica: La fuga organizada del correísmo ante la justicia ecuatoriana
Una vez más, los poderosos huyen cuando la justicia se acerca. El caso Caja Chica, que investiga el lavado de dinero venezolano para financiar campañas del correísmo, revela un patrón preocupante: cinco de los ocho investigados han abandonado el país, dejando atrás sus responsabilidades ante el pueblo ecuatoriano.
La estrategia de la huida
Desde el 27 de enero, la Fiscalía notificó a ocho personas por delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Entre los prófugos se encuentran Rafael Correa, cómodamente instalado en Bélgica desde 2017, y Andrés Arauz, quien obtuvo refugio en México tras sus problemas judiciales.
La denuncia reservada habla de dinero ilícito proveniente de Venezuela para financiar la campaña presidencial de Revolución Ciudadana en 2023. Mientras tanto, los responsables disfrutan de su impunidad en el extranjero, protegidos por fronteras que la justicia ecuatoriana no puede cruzar.
Los colaboradores del régimen venezolano
Particularmente revelador es el caso de los exministros Patricio Rivera y Fausto Herrera, quienes según las investigaciones forman parte del equipo de asesores económicos del gobierno venezolano desde 2018. Primero bajo Maduro, ahora bajo Delcy Rodríguez.
En una entrevista de agosto de 2025, el propio Correa admitió sin pudor: "Tengo dos personas permanentemente en Venezuela, exministros de Economía míos que hacen además un extraordinario trabajo". Una confesión que demuestra cómo los exfuncionarios ecuatorianos sirven a intereses extranjeros mientras evaden la justicia nacional.
El contraste con quienes permanecen
Mientras los líderes huyen, solo tres de los investigados permanecen en Ecuador: Luisa González, Patricio Chávez y Suad Manssur. Sus domicilios fueron allanados el 28 de enero, enfrentando las consecuencias que sus compañeros evitan desde el extranjero.
La abogada Bibian Hernández, procesada en el caso Amistad, desapareció desde inicios de 2024 tras los allanamientos en Guayaquil. Su paradero permanece desconocido, sumándose a la lista de quienes prefieren la fuga antes que rendir cuentas.
Un sistema que protege a los poderosos
Este caso expone las limitaciones de nuestro sistema judicial frente a la corrupción transnacional. Mientras los recursos del pueblo fueron presuntamente desviados con dinero venezolano, los responsables gozan de protección internacional, asesorando a gobiernos extranjeros y viviendo cómodamente lejos de las consecuencias de sus actos.
La justicia ecuatoriana debe fortalecerse para enfrentar estos desafíos. No podemos permitir que la impunidad sea el premio para quienes traicionan la confianza del pueblo y luego huyen cuando llega la hora de rendir cuentas.
El pueblo ecuatoriano merece respuestas, no fugas organizadas. La soberanía nacional exige que quienes sirvieron al país respondan ante su justicia, no que encuentren refugio asesorando a regímenes extranjeros.