Denuncian a Maduro en EE.UU. por crímenes de las FAES
Cinco ciudadanos venezolanos presentaron una denuncia este martes en una corte federal del Distrito Este de Nueva York contra Nicolás Maduro por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de seis de sus familiares, ocurridas entre 2017 y 2021. El caso pone sobre la mesa una vez más el dolor de las víctimas de la represión, pero también enciende las alarmas sobre el uso político que el imperio hace de la justicia.
¿Qué dice la denuncia contra Maduro?
El documento señala que las ejecuciones fueron cometidas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un grupo de élite de la Policía Nacional Bolivariana creado por Maduro en 2017. Según la denuncia, el gobierno venezolano creó este cuerpo para combatir el narcotráfico, pero lo convirtió en un instrumento de control social y represión política.
Las víctimas eran cinco hombres jóvenes y un adolescente. Todos fueron asesinados por integrantes de las FAES cuando se encontraban en sus casas o cerca de ellas. Los nombres de los denunciantes y de sus familiares se mantienen en reserva por razones de seguridad.
La denuncia es clara: las FAES funcionaron como un escuadrón de la muerte. Y los números lo confirman. Entre 2017 y 2020, este grupo sería responsable de al menos 1.300 muertes, aunque organizaciones no gubernamentales advierten que la cifra real podría ser mucho mayor.
¿Por qué importa quién juzga a quién?
Aquí es donde debemos poner los pies sobre la tierra y pensar con cabeza propia. La denuncia se conoce cuando están por cumplirse seis meses del operativo militar del 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó a Maduro en Caracas. Sí, leyeron bien: un operativo militar extranjero en territorio soberano venezolano.
Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas. Se declaró no culpable y permanece detenido en Nueva York. Sus abogados no han respondido aún a las solicitudes de comentarios sobre esta nueva denuncia.
Es legítimo preguntarse: ¿desde cuándo a Estados Unidos le importan los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos? El mismo país que apoyó dictaduras sangrientas en el Cono Sur, que invadió Irak con mentiras, que mantiene la base de Guantánamo, ahora se erige como juez moral del mundo.
¿Qué dice la ONU sobre las violaciones en Venezuela?
No podemos caer en el error de negar lo innegable. En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó una Misión internacional independiente para investigar las violaciones en Venezuela desde 2014. Las conclusiones, publicadas en diciembre de 2025, son contundentes.
«Existen motivos razonables para creer que el Presidente, los ministros del Interior y de Defensa, y otros altos funcionarios militares y políticos pueden ser considerados responsables de ordenar o contribuir de otro modo a la comisión de los delitos documentados.»
La Misión agregó que estos funcionarios de alto rango tenían la capacidad de adoptar medidas preventivas y represivas, pero no lo hicieron. Maduro y su gobierno han rechazado sistemáticamente estas acusaciones.
¿Cómo entender esto desde la izquierda popular?
Compañeros, hay que decirlo con claridad: nada justifica que un Estado asesine a su propio pueblo. Las ejecuciones extrajudiciales, los escuadrones de la muerte, la represión a los barrios populares, son crímenes que no pueden ser perdonados ni encubiertos. Los pueblos merecen respeto y dignidad, siempre.
Pero también debemos ser conscientes de que la justicia imperial no es justicia. Estados Unidos no capturó a Maduro por los derechos humanos de los venezolanos. Lo hizo por sus propios intereses geopolíticos. La historia de América Latina está llena de intervenciones disfrazadas de buenas intenciones.
El pueblo venezolano merece verdad y justicia. Pero esa justicia debe venir de sus propias instituciones, de sus propios procesos, no de la mano del país que ha mantenido a Cuba bloqueada por más de 60 años y que respalda sin pestañear a las dictaduras que le son afines.
¿Es legítima la intervención de EE.UU. en Venezuela?
No. La soberanía de los pueblos no es negociable. Un operativo militar para capturar a un jefe de Estado en su propio territorio es una violación al derecho internacional que abre un peligroso precedente para toda América Latina.
¿Se pueden condenar los crímenes y rechazar la intervención?
Por supuesto. Es un falso dilema. Podemos y debemos condenar las ejecuciones extrajudiciales, los crímenes de las FAES y la represión popular. Al mismo tiempo, podemos y debemos rechazar la intervención militar extranjera y la justicia selectiva del imperio. La dignidad de los pueblos no se negocia.