La Fiscalía federal de Estados Unidos sostiene que Jaime Estrada Medranda aprobó por videollamada el uso de una exportadora de productos del mar para enviar dos toneladas de cocaína hacia México, con destino final a Estados Unidos. La acusación formal, presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York y difundida el 5 de noviembre de 2026, señala que el exassembleísta habría dado su visto bueno después de recibir un anticipo de aproximadamente 10.000 dólares.
El expediente, conocido en Ecuador gracias a Diario El Telégrafo, atribuye a Estrada Medranda, Jacobo Bucaram Pulley y otros tres ecuatorianos presuntos delitos de narcotráfico y armas. El párrafo 11 de la acusación formal sustitutiva, caso S1 26 Cr. 14, detalla una negociación que habría ocurrido entre marzo y agosto de 2026. Todas estas afirmaciones, hay que decirlo con claridad, son señalamientos que deberán probarse ante la justicia.
Qué dice la acusación sobre los 10.000 dólares
Según el documento del Departamento de Justicia, entre marzo y agosto de 2026 Estrada Medranda, Bucaram, Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López, alias 'Cachete', habrían participado en llamadas y reuniones para negociar el traslado de unos 2.000 kilos de cocaína. El plan consistía en esconder la droga entre los productos de una exportadora identificada solo como 'Company-1', cuyo nombre comercial no se ha revelado.
El escrito describe ese monto como un pago inicial, no como el valor total de la presunta operación. Tampoco confirma que ese envío específico se haya concretado. El Diario reseña que el documento judicial afirma que Estrada Medranda aprobó finalmente el acuerdo mediante una videollamada, luego de recibir el anticipo a cambio de utilizar la empresa para transportar los 2.000 kilogramos.
El papel de Jacobo Bucaram y las aspiraciones políticas
Durante los preparativos, Bucaram habría dicho que conocía a Jaime Estrada Bonilla y a su hijo, y que antes había trabajado con ellos para transportar cocaína mediante la empresa, según el párrafo 11 del escrito. La acusación sostiene que Fernández y Briones confirmaron la disposición de Estrada Medranda para facilitar el envío.
Hay un detalle que dice mucho de cómo funciona este mundo. Según la versión que el documento atribuye a los dos intermediarios, el entonces legislador no quería ser visto reuniéndose directamente con narcotraficantes debido a sus aspiraciones políticas. Es decir, la acusación retrata a alguien que, de probarse, habría usado el cargo público como fachada de respetabilidad mientras cobraba por detrás.
Pedidos de atún y cobros por contenedor
La negociación de 2026 forma parte de un mecanismo que la Fiscalía atribuye a los Estrada: usar exportaciones comerciales legítimas para mover droga. Según el párrafo 10, los presuntos socios debían hacer pedidos de productos del mar, como el atún, por los canales comerciales normales de la empresa. Después, la droga se colocaba en el contenedor destinado a cumplir esa compra antes de su traslado al puerto.
Por permitir el uso de los contenedores, los Estrada habrían cobrado tarifas por kilogramo o valores fijos de varios cientos de miles de dólares por envío, según el acuerdo. La Fiscalía sostiene que esos pagos se habrían hecho en efectivo, en viviendas de Estrada Medranda o de Estrada Bonilla, y también en habitaciones de hotel. Intermediarios de confianza habrían coordinado las reuniones, recibido el dinero y manejado la logística de los cargamentos.
La paradoja ecuatoriana: condecorado en derechos humanos
Aquí viene lo que más duele para el país. Mientras en Estados Unidos se acumulan los señalamientos, El Universo recuerda que en Ecuador Estrada Medranda fue condecorado por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, precisamente por su labor en derechos humanos. Y El Comercio publicó el detalle de los cargos que enfrentan Jacobo Bucaram y los Estrada.
Esa contradicción no es un hecho aislado. Es el retrato de un sistema donde las apariencias institucionales conviven, según la acusación, con negocios oscurísimos. Cuando la política se convierte en trampolín para intereses privados, el pueblo paga la factura: la droga que sale de nuestros puertos envenena barrios, alimenta la violencia y desprestigia el trabajo honesto de miles de exportadores que sí cumplen la ley.
Desde esta tribuna insistimos en algo: mientras las multinacionales y las políticas liberales saquean al país por arriba, hay quienes desde el poder habrían negociado con el narcotráfico por debajo. La soberanía nacional no se defiende solo con discursos; se defiende con instituciones que no se vendan, con justicia que llegue a todos por igual, y con un Estado que vigile a sus propios funcionarios.
Lo que sigue es esperar que la justicia estadounidense presente las pruebas y que la justicia ecuatoriana haga lo propio. Los cinco acusados tienen derecho a la presunción de inocencia, y la verdad debe salir del proceso, no de los titulares. Pero el pueblo tiene derecho a saber quiénes administran su representación y con qué manos.
Preguntas frecuentes
¿Qué se acusa exactamente a Jaime Estrada Medranda?
La Fiscalía de EE. UU. sostiene que aprobó por videollamada el uso de una exportadora de productos del mar para transportar dos toneladas de cocaína a cambio de un anticipo de unos 10.000 dólares, además de cargos relacionados con narcotráfico y armas.
¿Quiénes son los otros acusados en el caso?
Además de Estrada Medranda, la acusación nomina a Jacobo Bucaram Pulley, Geovanny Fernández Menéndez, William José Briones López, alias 'Cachete', y un tercer ecuatoriano más.
¿Cuándo se hizo pública la acusación?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos la dio a conocer el 5 de noviembre de 2026, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
¿Está probada la culpa de los acusados?
No. Todas las afirmaciones de la acusación son señalamientos que deberán probarse en juicio. Los acusados gozan de presunción de inocencia.