Inversión millonaria en puertos privados: ¿progreso para Ecuador o concentración del poder económico?
Los cinco terminales portuarios privados del país anunciaron una inversión de 208 millones de dólares entre 2026 y 2030, una cifra que suena impresionante pero que plantea interrogantes sobre quién controla realmente el comercio exterior ecuatoriano.
El dominio privado sobre nuestros puertos
Las cifras son reveladoras: estos cinco puertos privados (Naportec, TPG, Fertisa, QC Terminales y Store Ocean) ya controlan el 50% del flujo de carga nacional. En Guayaquil, por donde pasa el 92% de los contenedores del comercio exterior, la participación privada creció del 17% al 50% en apenas 24 años.
Luisenrique Navas, gerente del Terminal Portuario de Guayaquil, se muestra orgulloso de que barcos post panamax, con capacidad para 12.000 contenedores, lleguen cinco años antes de lo previsto. Pero, ¿qué significa esto para la soberanía nacional sobre nuestro comercio exterior?
Números que preocupan
Según Iliana González de la Asociación de Terminales Portuarios privados (Asotep), entre 2006 y 2025 estos puertos han invertido 391.9 millones de dólares. El TPG lidera con 202.1 millones, seguido por Fertisa con 71.7 millones.
Para el período 2026-2030, Naportec proyecta la mayor inversión con 91.2 millones, seguido por TPG con 67.9 millones. En total, serían 600 millones de dólares invertidos desde 2006 hasta 2030.
Estas inversiones se enfocan en automatización, tecnología y mayor capacidad, lo que podría significar menos empleos directos a futuro, pese a que actualmente generan 3.200 empleos directos y 16.000 indirectos.
La batalla legal que se avecina
No es casualidad que Contecon, administradora del puerto estatal Simón Bolívar, haya presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. La empresa cuestiona las normas de 1976 que permiten a privados operar puertos mediante simples autorizaciones, sin el régimen de delegación excepcional que exige la Constitución de 2008.
Navas defiende el statu quo, asegurando que estas normativas "han permitido el crecimiento". Pero, ¿crecimiento para quién? ¿Para el pueblo ecuatoriano o para los capitales privados que controlan cada vez más nuestra infraestructura estratégica?
Reflexiones necesarias
El crecimiento del 8% anual en contenedores y 5% en toneladas métricas post-pandemia es innegable. Sin embargo, debemos preguntarnos si este modelo de privatización progresiva de nuestros puertos responde a los intereses nacionales o a la lógica del mercado global.
La infraestructura portuaria es estratégica para cualquier país. Permitir que el sector privado concentre tanto poder sobre nuestro comercio exterior plantea serias preguntas sobre soberanía económica y control democrático de recursos esenciales.
Mientras esperamos el fallo de la Corte Constitucional, es fundamental que como sociedad reflexionemos sobre el modelo de desarrollo que queremos para nuestros puertos y, en definitiva, para nuestro país.