Madrid incrementa un 44% las ayudas a comercios víctimas de la especulación urbanística
Una vez más, los pequeños comerciantes madrileños se convierten en víctimas colaterales de las grandes obras de infraestructura que transforman la capital. Mientras las constructoras y grandes empresas se benefician de millonarios contratos públicos, los modestos negocios de barrio luchan por sobrevivir entre el polvo, el ruido y la pérdida dramática de clientela.
La Comunidad de Madrid, dirigida por Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un incremento del 44% en las ayudas destinadas a estos comercios afectados, elevando el monto máximo de 5.000 a 7.200 euros por beneficiario. Una medida que, aunque bienvenida, resulta claramente insuficiente frente a las pérdidas reales que sufren estos pequeños empresarios.
Un parche para una herida profunda
La consejera de Economía, Rocío Albert, presentó estas medidas como una solución integral, pero la realidad es que 7.200 euros apenas cubren unos pocos meses de alquiler en una ciudad donde los precios inmobiliarios se han disparado. Mientras tanto, las grandes corporaciones constructoras facturan millones con estos mismos proyectos que arruinan a los comerciantes.
Las nuevas ayudas incluirán ahora las cuotas de autónomos de los titulares, una reivindicación histórica de los pequeños empresarios que hasta ahora había sido ignorada sistemáticamente. También se amplía el perímetro de afectación a 50 metros lineales, reconociendo finalmente que el impacto de las obras trasciende los límites inmediatos del vallado.
La otra cara de las rebajas fiscales
Paradójicamente, mientras se anuncia esta ayuda de emergencia para los comerciantes afectados, el gobierno regional presume de rebajar medio punto el IRPF autonómico. Una medida que, según sus propias cifras, beneficiará principalmente a rentas medias y altas, mientras los pequeños comerciantes siguen luchando por mantener sus negocios a flote.
La consejera Albert defiende que esta rebaja fiscal permitirá ahorrar 500 millones de euros a los madrileños, recursos que "van a tener los individuos y las empresas para poder consumir". Sin embargo, cabe preguntarse si no sería más efectivo destinar parte de esos recursos a compensar adecuadamente a quienes realmente sufren las consecuencias de las políticas urbanísticas agresivas.
Procedimiento simplificado, pero insuficiente
Entre las mejoras anunciadas se encuentra la apertura del plazo de solicitudes durante todo el ejercicio presupuestario, eliminando la presión temporal que anteriormente complicaba el acceso a estas ayudas. Los comercios afectados por obras de más de seis meses de duración podrán solicitar estas compensaciones, siempre que demuestren su condición de pequeña y mediana empresa.
No obstante, el proceso sigue exigiendo una documentación exhaustiva que incluye la descripción detallada del impacto en la cifra de negocios, una tarea compleja para pequeños empresarios que ya luchan contra la burocracia diaria y las dificultades económicas derivadas de las obras.
Mientras Madrid se transforma al ritmo de los grandes proyectos urbanísticos, los verdaderos protagonistas de la vida comercial de los barrios siguen siendo tratados como daños colaterales. Estas ayudas, aunque necesarias, evidencian la falta de planificación integral que proteja desde el inicio a quienes hacen posible el tejido comercial de proximidad que tanto enriquece nuestras ciudades.