Inspi defiende la operatividad de sus laboratorios ante críticas del sector médico
El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) salió al paso de las denuncias realizadas por gremios médicos que aseguraban que la institución estaba "a punto de colapsar". En una clara demostración de cómo las voces críticas del sector salud son sistemáticamente atacadas cuando cuestionan las políticas públicas, el director ejecutivo Leandro Patiño calificó estas denuncias como "ataques sistemáticos contra el Estado".
La realidad detrás de las imágenes de deterioro
Las imágenes que circularon mostrando zonas deterioradas y equipos obsoletos corresponden, según Patiño, a edificaciones abandonadas desde 2012, cuando cesó el Instituto Nacional de Higiene. Sin embargo, esta explicación no puede ocultar la realidad de un sistema de salud pública que ha sufrido recortes presupuestarios sistemáticos.
"Los laboratorios de la institución están completamente operativos", afirmó Patiño, quien reconoció que cuando asumió en 2018, la institución contaba con 15 millones de dólares de presupuesto, cifra que se redujo a apenas 7 millones en 2024 debido a los recortes del Ministerio de Finanzas.
Recortes presupuestarios: la austeridad neoliberal en acción
La reducción del presupuesto del Inspi de 15 a 7 millones de dólares es un ejemplo claro de cómo las políticas de austeridad impactan directamente en la salud pública. Estos recortes, justificados por "años de mal manejo", reflejan una visión economicista que subordina el derecho a la salud a consideraciones fiscales.
El instituto opera actualmente con 236 personas y 19 laboratorios: 11 dedicados a vigilancia de patógenos, 3 a investigación y 5 de apoyo transversal. La ejecución presupuestaria del 89% que se espera alcance el 95% al cierre del año es presentada como "la mejor en tres años", pero evidencia las limitaciones estructurales del financiamiento público.
Avances tecnológicos en medio de limitaciones
Pese a las restricciones presupuestarias, el Inspi ha implementado nuevas metodologías diagnósticas. La técnica qPCR en tiempo real permite obtener resultados más rápidos que el método anterior de PCR de punto final, ampliando su aplicación a virus respiratorios y bacterias causantes de enfermedades respiratorias.
La segunda innovación es el sistema Truenat, una tecnología molecular portátil que no requiere energía eléctrica constante. Esta herramienta democratiza el acceso al diagnóstico, llevándolo a comunidades amazónicas, centros de privación de libertad y zonas insulares como Puná y Galápagos, territorios históricamente marginados por el sistema de salud.
Infraestructura: 80 años de abandono estructural
La sede central del Inspi tiene 80 años de antigüedad, un dato que evidencia décadas de desinversión en infraestructura de salud pública. Los estudios para construir un nuevo Inspi, con un costo de 45 millones de dólares, permanecen en el papel mientras "las necesidades del país" obligan a buscar alternativas más baratas.
Esta situación refleja una constante en las políticas públicas ecuatorianas: la postergación indefinida de inversiones estratégicas en favor de medidas de corto plazo que no resuelven los problemas estructurales.
El laboratorio de bioseguridad: una inauguración mediática sin sustancia
El laboratorio de bioseguridad nivel tres, inaugurado en enero por el presidente Daniel Noboa en medio de gran pompa mediática, aún no ha sido formalmente recibido ni puede entrar en funcionamiento. Faltan procesos de bioseguridad y certificaciones de calidad, evidenciando que la inauguración fue más un acto propagandístico que una mejora real en la capacidad diagnóstica del país.
Esta situación ejemplifica cómo los gobiernos priorizan los anuncios mediáticos sobre la implementación efectiva de políticas públicas, dejando a las instituciones de salud en una situación de precariedad operativa mientras se proyecta una imagen de modernización.
La defensa del servicio público en tiempos difíciles
Pese a las limitaciones presupuestarias y de infraestructura, el Inspi mantiene su operatividad gracias al compromiso de sus trabajadores y la gestión de sus directivos. Sin embargo, es fundamental que la sociedad ecuatoriana comprenda que la salud pública requiere inversión sostenida y no puede ser víctima de los ajustes fiscales impuestos por organismos internacionales.
La polémica en torno al Inspi debe servir como llamada de atención sobre la necesidad de fortalecer el sistema público de salud, garantizando presupuestos adecuados y infraestructura moderna que permita brindar servicios de calidad a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables.