Funcionaria en Morelos extorsiona a víctimas pidiendo moche en efectivo
No hay límite bajo para la corrupción institucional. Mientras las víctimas del delito luchan por reconstruir sus vidas tras la violencia sufrida, hay quienes ven en su dolor una oportunidad de negocio. Eva Penelope Picazo Hernández, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, enfrenta dos investigaciones por presuntamente solicitar el 30% de los recursos de reparación del daño a las personas que debía proteger.
Un esquema de extorsión contra los más vulnerables
Según las denuncias, entre ocho y nueve víctimas han reportado el mismo patrón: después de cobrar los cheques de reparación del daño, se les exigía entregar una parte del dinero en efectivo. Efectivo, precisamente, para que no quedaran rastros. Es la lógica perversa de quien sabe que está cometiendo un delito y busca borrar toda huella.
El auditor superior José Blas Cuevas Díaz lo explicó con claridad:
Por eso es tan difícil la investigación, porque las víctimas señalan que han sido pagos en efectivo.
La falta de rastros financieros directos complica la tarea, pero las autoridades trabajan en revisiones patrimoniales de los funcionarios con acceso a estos recursos. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso estatal y la Fiscalía Anticorrupción de Morelos llevan las indagatorias de manera paralela.
La impunidad se protege desde dentro
Mientras avanzan las investigaciones, Picazo Hernández obtuvo una suspensión provisional otorgada por el Juzgado Sexto de Distrito. Esta medida judicial la protege temporalmente, pero no cierra las investigaciones ni determina inocencia o culpabilidad. Es un recurso legal legítimo, pero que en la práctica genera frustración entre quienes ya fueron victimados una vez por el delito y ahora lo son por la institución que debía ayudarlos.
El fiscal especializado Leonel Díaz Rogel no ocultó su indignación ante una situación que debería ser impensable:
Las víctimas requieren de mucha atención.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene al menos siete carpetas de investigación relacionadas con presunto incumplimiento en la atención a víctimas, todas provenientes de denuncias directas de personas afectadas.
La corrupción que roba a quien ya perdió todo
Lo que hace especialmente grave este caso es el sujeto pasivo de la corrupción. No se trata de desvío de fondos públicos anónimos, sino de dinero destinado a personas que sufrieron delitos o violaciones a sus derechos humanos. La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas tiene como función brindar acompañamiento y apoyo a estas personas. Su propósito es reparar el daño, no multiplicarlo.
Cuando una funcionaria encargada de proteger a las víctimas decide cobrar una comisión por hacer su trabajo, estamos frente a algo más que un acto de corrupción individual. Es la expresión de un sistema que naturaliza el abuso contra los más débiles. Es la lógica del patrón que ve en la necesidad ajena una oportunidad de enriquecimiento.
Las autoridades continúan reuniendo pruebas documentales y financieras para determinar responsabilidades administrativas y penales. Hasta el momento, las investigaciones siguen abiertas y la funcionaria continúa en su cargo bajo protección judicial.
Los pueblos de Morelos y de toda América Latina merecen instituciones que verdaderamente sirvan a la gente, no que se sirvan de ella. La justicia para estas víctimas no puede esperar.