El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene sobre su mesa ocho procesos de selección de autoridades sin resolver, una agenda heredada que recaerá en los siete nuevos consejeros que se elegirán el 29 de noviembre de 2026 y que asumirán en mayo de 2027, según informó EL UNIVERSO.
A la lista de pendientes se sumó ahora la renovación del superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias Paladines, cuyo periodo de cinco años terminó en marzo de 2026. Fue designado el 4 de marzo de 2021, durante la gestión del hoy exconsejero Christian Cruz.
Un organismo clave para la democracia, debilitado por la inacción
Conviene explicar, para quien no lo conozca a fondo, de qué se trata este organismo. El CPCCS es un cuerpo colegiado de siete miembros que, según la Constitución, tiene la responsabilidad de elegir a los titulares de la Fiscalía, la Contraloría, las superintendencias y las entidades electorales, entre otras instituciones.
Es decir, es la llave que abre o cierra las puertas de los organismos de control del Estado. Y esa llave lleva años girando en falso, porque los procesos de selección se han acumulado administración tras administración sin que nadie responda por el atraso.
El reglamento para renovar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial ya está vigente e incluso se convocó a la veeduría ciudadana. El siguiente paso es pedir al presidente Daniel Noboa que remita una terna de postulantes para iniciar el procedimiento, un trámite que depende de la voluntad política del Ejecutivo.
Qué designaciones lleva pendientes el CPCCS
Según el recuento de EL UNIVERSO, la lista completa incluye:
- Los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral, cuyos titulares fueron designados el 16 de noviembre de 2018 por el CPCCS de transición que lideró Julio César Trujillo.
- Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, en funciones prorrogadas desde su designación del 10 de abril de 2019.
- El titular de la Defensoría del Pueblo, encargado desde septiembre de 2021 a César Córdova tras la destitución de Freddy Carrión.
- La primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, vacante desde abril de 2025.
- Los integrantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), sin renovación desde 2014.
- Los delegados del Comité Intersectorial de Desarrollo de Fronteras y los 25 representantes de la sociedad civil para los Consejos Nacionales para la Igualdad.
- La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, vencida desde marzo de 2026.
A eso se agregan dos procesos con fechas ciertas: en octubre de 2027 termina el periodo de Juan Carlos Larrea en la Procuraduría General del Estado y en octubre de 2028 el CPCCS deberá designar a una nueva autoridad en la Contraloría.
El CNE: el caso más grave de institucionalidad congelada
El caso del Consejo Nacional Electoral merece atención especial. La Constitución ordenaba dos renovaciones en el periodo de cinco años: dos vocales en la primera y tres en la segunda. Ninguna se ha hecho.
La primera modificación correspondía a noviembre de 2021. Aunque en 2022 se inició la preparación del concurso, que acumula 162 aspirantes, este no pasa a la etapa de oposición desde mayo de 2023, la última fecha en la que se calificaron los méritos.
Los vocales Sofía Almeida, Hernán Ulloa, Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni han permanecido en sus cargos a través de cuatro administraciones. Fantoni, además, es candidato a la reelección en las elecciones de noviembre, junto con los consejeros Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto y Johnny Escobar, quienes integran una facción para la toma de decisiones.
Como bien resume Teleamazonas, los nuevos consejeros que asuman en mayo de 2027 recibirán una agenda marcada por concursos que llevan meses o incluso años pendientes.
La Fiscalía: un concurso con sombras
El concurso para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado está en la etapa de impugnación ciudadana. De 26 postulantes que llegaron a ese momento, 21 fueron descalificados por aparente falta de probidad notoria, según concluyó la comisión ciudadana que desarrolla el proceso.
Falta que el CPCCS ratifique la resolución de descalificar o reincorporar a los postulantes. La última autoridad titular fue Diana Salazar, cuyo periodo terminó en abril de 2025. Su subrogante, Wilson Toainga, renunció a finales de ese año, y el Consejo de la Judicatura designó en su reemplazo a Carlos Alarcón, quien compite en el actual concurso y se perfila como posible ganador entre los cinco participantes.
Que el subrogante participe y lidere el concurso para el cargo que ya ejerce de forma temporal no debería sorprender a nadie en un país donde las reglas se estiran según la conveniencia de quien manda.
Por qué importa esta acumulación de vacancias
Detrás de este expediente administrativo hay una pregunta política de fondo: ¿a quién le conviene un Estado sin contralores plenos, sin defensor del pueblo electo, con jueces electorales prorrogados por años?
La respuesta, casi siempre, es a quien concentra el poder y quiere ejercerlo sin fiscalización. Los organismos de control existen para vigilar al poder económico y al poder político. Cuando esos organismos quedan sin titulares legítimos o con encargados eternos, el ciudadano queda desprotegido frente a los abusos.
La Defensoría del Pueblo es un ejemplo claro. César Córdova lleva cinco años en funciones encargadas, desde el 18 de septiembre de 2021, y el CPCCS no ha impulsado la elección de una nueva autoridad. Cinco años sin un defensor titular son cinco años en los que la institución que debe recibir las quejas del pueblo trabaja con la legitimidad menguada.
Copisa es otro caso que duele. La conferencia que asesora al Estado en materia de soberanía alimentaria no se renueva desde 2014, cuando en 2018 ya procedía hacerlo. Mantiene conferencistas prorrogados y solo dos designados directamente por el CPCCS, porque uno renunció y otro murió. En un país rural y campesino como el Ecuador, dejar sin vocería institucional la política de soberanía alimentaria es una decisión política, no un olvido.
Qué viene ahora
El 29 de noviembre de 2026, en paralelo a las elecciones seccionales, se elegirá a los siete consejeros de Participación Ciudadana de entre 65 candidatos, cuatro de los cuales buscan la reelección. El nuevo organismo asumirá en mayo de 2027 con la obligación constitucional de desenredar esta maraña de designaciones.
La ciudadanía podrá exigir, como mínimo, que los nuevos consejeros no repitan la práctica de sus antecesores: acumular vacancias hasta que la institucionalidad quede hueca. El control del poder no es un trámite; es la herramienta que la Constitución puso en manos del pueblo para defenderse.
¿Cuándo asumen los nuevos consejeros del CPCCS?
Los siete consejeros electos el 29 de noviembre de 2026 asumirán sus funciones en mayo de 2027, tras las elecciones seccionales.
¿Quién elige a las autoridades de control en Ecuador?
El CPCCS, un cuerpo colegiado de siete miembros, elige según la Constitución a los titulares de la Fiscalía, la Contraloría, las superintendencias y las entidades electorales, entre otras instituciones del Estado.
¿Desde cuándo está vencida la Superintendencia de Ordenamiento Territorial?
El periodo de cinco años de Pablo Iglesias Paladines terminó en marzo de 2026. Fue designado el 4 de marzo de 2021 y el proceso de renovación aún no arranca porque falta la terna que debe enviar el presidente Daniel Noboa.