Una fábrica en Estados Unidos cierra porque a sus dueños les resulta más rentable importar desde Asia que seguir produciendo localmente, y el trabajador que pierde su empleo termina culpando a otro trabajador, casi siempre más pobre y más indefenso que él. Esa historia, contada por el diario EL UNIVERSO en su columna de análisis, resume el mecanismo con el que los poderosos convierten su propia decisión empresarial en un problema de acentos y de pieles.
El caso sirve para entender lo que ocurre también en Ecuador y en toda América Latina, donde la migración venezolana, haitiana o cubana es usada una y otra vez como chivo expiatorio por políticos que no quieren hablar de salarios, de impuestos a las grandes empresas ni de la fuga de capitales.
La historia de Alberto: el sueño americano que se rompió
Según EL UNIVERSO, Alberto empezó a trabajar a los 18 años en una fábrica estadounidense. Con los años llegó a dirigir una línea de producción y ganaba cerca de 7.000 dólares mensuales. Un día, la dirección anunció el cierre de la planta: importar desde Asia era más rentable que fabricar en Estados Unidos.
Quedó desempleado de la noche a la mañana. Su experiencia lo hacía parecer sobrecalificado para algunos puestos, y su falta de títulos lo dejaba fuera de otros. Las ofertas que encontraba apenas llegaban a los 2.500 dólares mensuales. Su nivel de vida se desplomó.
Y entonces apareció el político de siempre, con la explicación más simple del mundo: tu problema son los inmigrantes. Alberto miró a su alrededor, vio extranjeros trabajando, muchos en labores distintas a la que él había perdido, y terminó convencido de que le habían robado su empleo. Pero la pregunta que nunca se hizo es la que importa: ¿quién cerró la fábrica?
Quien cierra la fábrica no cruza la frontera
La respuesta está a la vista. No fue un inmigrante quien decidió mudar la producción a Asia para aumentar las ganancias de los accionistas. Fue el dueño de la fábrica. La globalización, la automatización y la reorganización de las cadenas productivas transformaron la industria durante décadas, y esos cambios avanzaron más rápido que la capacidad de los trabajadores para adaptarse, como explica el análisis publicado por EL UNIVERSO este 25 de octubre de 2026.
Algunas ocupaciones desaparecen, otras se transforman y surgen nuevas. Eso es real. Pero cuando el Estado no capacita, no protege y no redistribuye, el costo del cambio lo pagan los de abajo, nunca los que tomaron la decisión de cerrar.
Es cierto, y hay que decirlo con honestidad, que la migración puede aumentar la competencia en ciertos segmentos laborales. Negarlo sería simplificar el debate, reconoce el propio texto. Pero también es cierto que quien llega trabaja, consume, alquila vivienda, paga servicios y, en muchos casos, crea empresas y genera empleo. El migrante no es una carga: es un aporte económico demostrable.
Las cifras que los discursos de odio esconden
Los datos existen, aunque rara vez se mencionan en los discursos antiinmigrantes. En Panamá, según cifras citadas por La Prensa en 2015, empresarios venezolanos invirtieron 427 millones de dólares entre 2012 y 2014, alrededor del 3,7 por ciento de la inversión extranjera recibida en ese período. Detrás de la palabra inmigrante puede haber un inversionista, un profesional, un emprendedor. Y cuando esa persona se marcha, su aporte económico se marcha con ella.
En Chile, estudios citados por el mismo análisis estiman que los migrantes venezolanos aportan aproximadamente 1,63 pesos en impuestos por cada peso que reciben en beneficios públicos. Es decir, el migrantado pone más de lo que recibe. La aritmética del odio nunca presenta esta cuenta.
La historia económica de la región confirma lo mismo desde hace más de un siglo. La fábrica de cocinas a leña Istilart, que LA NACION recuerda como una empresa patagónica de 128 años, fue fundada en 1898 por Juan Bautista Istilart, un inmigrante vasco-francés que llegó a Argentina a reparar maquinaria agrícola y terminó construyendo una industria nacional. En Estados Unidos ocurre algo similar: la cervecería más grande del mundo, la Coors de Golden, Colorado, según Wikipedia, fue fundada en 1873 por dos inmigrantes alemanes, Adolph Coors y Jacob Schueler. Los inmigrantes no cierran fábricas; muchos las fundan.
Estigmatizar es más barato que gobernar
El inmigrante es un blanco conveniente para el discurso del rencor. Habla con otro acento, tiene otras costumbres y, casi siempre, carece de representación política. No puede defenderse con la misma potencia mediática que un empresario que traslada su producción al otro lado del mundo. Señalarlo cuesta poco y rinde mucho en votos.
Incluso en Estados Unidos, la ofensiva contra la migración irregular se ha endurecido hasta niveles extremos, como muestra la revisión de fin de año del USCIS, el servicio de ciudadanía e inmigración, que presume de su rigor contra la inmigración ilegal. Más deportaciones, sin embargo, no reabren ninguna fábrica.
Porque señalar al extranjero no devuelve el empleo de Alberto, no recupera la competitividad de una industria ni capacita a quien perdió su trabajo. La pregunta correcta, como plantea el análisis de EL UNIVERSO, no es qué inmigrante me quitó mi empleo, sino por qué desapareció mi trabajo y qué están haciendo los líderes para preparar a la gente para la nueva economía.
Integrar es más inteligente que excluir
La reunificación alemana dejó una enseñanza que sirve para este debate: derribar una frontera no basta para integrar sociedades con experiencias distintas. La convivencia exige políticas, recursos y voluntad política, no solo discursos. Integrar es más inteligente que estigmatizar.
La responsabilidad es compartida, y así hay que decirlo. La sociedad receptora debe garantizar oportunidades reales de integración, y quien llega tiene el deber de respetar las leyes, las instituciones y la cultura laboral del país que lo recibe. Ni la exclusión ni la ausencia de responsabilidades construyen comunidades prósperas.
Para Ecuador, país de emigrantes y de refugiados, la lección es doble. Cuando nuestros compatriotas salen al exterior, exigimos que los traten con dignidad y reconozcan su aporte. Cuando otros llegan a nuestra tierra, no podemos aplicar la vara contraria. La coherencia no es un lujo moral: es una obligación política.
Preguntas frecuentes
¿Los inmigrantes quitan empleos a los trabajadores locales?
La evidencia muestra lo contrario en términos agregados. En Chile, los migrantes venezolanos aportan aproximadamente 1,63 pesos en impuestos por cada peso recibido en beneficios públicos, según estudios citados por EL UNIVERSO. En Panamá, empresarios venezolanos invirtieron 427 millones de dólares en tres años.
¿Quién cierra las fábricas en Estados Unidos?
En el caso analizado por EL UNIVERSO, la planta cerró porque a sus propietarios les resultaba más rentable importar desde Asia que fabricar localmente. La decisión fue empresarial, no migratoria.
¿Qué deberían hacer los gobiernos ante los cambios en la industria?
Capacitar a los trabajadores, proteger el empleo digno y preparar a la población para la nueva economía, en lugar de señalar a los inmigrantes como responsables de problemas complejos.