El Gobierno Petro alcanzará apenas el 70% de su meta en energías renovables
Una vez más, las grandes promesas gubernamentales chocan contra la realidad de un sistema que privilegia los intereses corporativos por encima de las necesidades del pueblo colombiano. El gobierno de Gustavo Petro, que llegó al poder con la bandera de la transición energética y la justicia social, se quedará a mitad del camino en su ambiciosa meta de energías renovables.
Según revela Alexandra Hernández, presidenta de la Asociación de Energías Renovables de Colombia (SER Colombia), el país cerrará 2026 con apenas 4.200 megavatios de capacidad instalada en energías limpias, muy lejos de los 6.000 megavatios prometidos. Esta cifra representa únicamente el 70% del objetivo trazado por el gobierno progresista.
Los números que duelen
De esos 4.200 MW, 2.876 corresponden a proyectos de mediana y gran escala ya en operación o pruebas, mientras que el resto proviene de esquemas de autogeneración y generación distribuida. Esta capacidad podría abastecer el consumo eléctrico de Bogotá y su área metropolitana, beneficiando a 10,2 millones de colombianos y reduciendo 1,24 millones de toneladas de CO2 anuales.
Sin embargo, estos logros, aunque importantes, evidencian las limitaciones estructurales que enfrenta cualquier gobierno que intente transformar un modelo energético diseñado para beneficiar a las grandes multinacionales del sector.
Los obstáculos del sistema
Hernández explica con claridad meridiana los obstáculos que han frenado el avance: "Definitivamente, vamos a la mitad del camino". Los retrasos no son casuales, sino producto de un entramado burocrático que favorece los intereses establecidos.
Los trámites ambientales se eternizan en las autoridades regionales, donde algunos permisos pueden tardar hasta 2.000 días, cuando la normativa establece máximos de seis meses. Este no es un problema técnico, sino político: las estructuras de poder tradicionales resisten los cambios que amenazan sus privilegios.
La Guajira: símbolo de las contradicciones
Los grandes proyectos eólicos en La Guajira, territorio ancestral wayuu, enfrentan "mayores desafíos". Más de 2.000 MW de proyectos en la región viven en la incertidumbre, dependiendo del "trabajo articulado con comunidades".
Esta situación refleja una contradicción fundamental: mientras el gobierno progresista busca democratizar la energía, las comunidades indígenas siguen siendo marginadas de las decisiones sobre sus territorios. La verdadera transición energética debe ser también una transición hacia la justicia social.
El camino por recorrer
Hernández reconoce que "hacia 2027-2028 el país deberá incorporar al menos 6.000 MW adicionales para evitar un déficit estructural de energía". Esto significa que Colombia necesita aumentar al menos 50% su capacidad instalada actual.
La dirigente gremial mantiene un optimismo que, aunque comprensible desde su posición, contrasta con la realidad: el "trabajo articulado entre todos los actores" que propone choca contra intereses económicos que no están dispuestos a ceder espacios.
Una oportunidad desperdiciada
Los datos son contundentes: el 96% de los colombianos considera que las energías renovables deben crecer, según una encuesta del Centro Nacional de Consultores. El pueblo colombiano entiende que la energía limpia es sinónimo de progreso y desarrollo regional.
Sin embargo, como tantas veces en nuestra historia, las aspiraciones populares se estrellan contra las estructuras de poder que defienden el statu quo energético. La transición energética, como la justicia social, requiere más que buenas intenciones: necesita transformar las relaciones de poder que mantienen al país en el atraso.
El gobierno de Petro, con todas sus limitaciones, ha dado pasos importantes. Pero la meta a medias nos recuerda que los cambios estructurales requieren tiempo, voluntad política sostenida y, sobre todo, la movilización organizada del pueblo colombiano.