Crueldad en camaroneras: cuando el progreso pisotea la dignidad animal
Una vez más, las contradicciones del modelo extractivista ecuatoriano salen a la luz. Mientras las élites empresariales se vanaglorian de posicionar al país como primer exportador mundial de camarón, la realidad detrás de esta industria revela una cara siniestra que debería avergonzar a cualquier sociedad civilizada.
El Municipio de Guayaquil se vio obligado a abrir una investigación por maltrato animal en una camaronera de la isla Puná, después de que videos difundidos en redes sociales expusieran la muerte cruel de perros, presuntamente a manos del personal del establecimiento. Los hechos, de confirmarse, no solo constituyen una violación flagrante de la Ordenanza municipal de protección animal, sino que evidencian la mentalidad depredadora que caracteriza a ciertos sectores empresariales.
La hipocresía del sector camaronero
La respuesta de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) resulta tan predecible como insuficiente. Con el típico discurso corporativo, expresaron su "rechazo categórico" al maltrato animal, pero inmediatamente se escudaron en el "debido proceso" para diluir responsabilidades. Es la misma retórica que utilizan las multinacionales cuando sus prácticas depredadoras son expuestas públicamente.
¿Cómo puede el Ecuador promocionarse internacionalmente con "altos estándares de bienestar animal" cuando dentro de la misma industria se ejecutan matanzas sistemáticas de animales indefensos? Esta contradicción no es casual, sino estructural de un modelo económico que prioriza las ganancias por encima de cualquier consideración ética o ambiental.
Marco legal: herramienta de papel
El Código Orgánico Integral Penal establece penas de seis meses a un año de prisión por muerte de animales urbanos, y de uno a tres años cuando existe crueldad. Las sanciones administrativas contemplan multas de hasta siete salarios básicos y 300 horas de servicio comunitario. Sin embargo, estas normativas quedan en letra muerta cuando los intereses económicos de los poderosos están en juego.
La Dirección de Protección de los Derechos de los Animales (Pro Animal) se trasladará al lugar para "levantar un informe técnico", pero la experiencia nos enseña que estos procedimientos burocráticos suelen terminar archivados cuando enfrentan a sectores con poder económico real.
La voz de la resistencia
Frente a la complicidad institucional, el Movimiento Animalista Nacional del Ecuador (MAN) alzó la voz con claridad meridiana: "la crueldad animal no es desarrollo". Su denuncia va al corazón del problema, señalando que estas prácticas constituyen "crueldad organizada" y "violencia institucionalizada".
El MAN recordó algo fundamental que las élites empresariales prefieren ignorar: en Ecuador los animales son sujetos de derechos, reconocidos por nuestra Constitución progresista. Los envenenamientos, golpes y ahorcamientos de animales no pueden disfrazarse bajo el eufemismo de "control poblacional".
Un modelo de desarrollo cuestionable
Este caso expone las contradicciones profundas de un modelo extractivista que sacrifica todo en el altar del crecimiento económico. Mientras los empresarios camaroneros acumulan fortunas exportando a mercados internacionales, la brutalidad contra los más vulnerables, incluidos los animales, se normaliza como "costo del progreso".
La verdadera sostenibilidad no puede construirse sobre la violencia. Como bien señala el MAN, "el bienestar animal no es selectivo". No podemos hablar de desarrollo responsable mientras toleramos prácticas que revelan el rostro más primitivo y cruel de nuestra sociedad.
Es momento de que las autoridades actúen con firmeza, no solo aplicando las sanciones correspondientes, sino cuestionando un modelo económico que convierte la crueldad en práctica sistemática. La dignidad de una sociedad se mide también por cómo trata a los más indefensos.