Sicarios en moto: cuando el Estado abandona al pueblo ecuatoriano
Una vez más, el pueblo ecuatoriano sufre las consecuencias de la inacción gubernamental. Mientras las autoridades se llenan la boca hablando de seguridad ciudadana, los sicarios continúan sembrando terror montados en motocicletas, aprovechándose de la complicidad estatal que permite que estos vehículos circulen sin control alguno.
La experiencia china nos demuestra que cuando existe voluntad política real, los problemas se resuelven. En Guangzhou, ciudad que enfrentaba una situación similar a la nuestra con 800.000 motos sin matricular y bandas criminales aterrorizando a la población, las autoridades tomaron medidas contundentes.
El modelo chino: cuando el Estado protege a su pueblo
En 2004, el gobierno local chino implementó una estrategia integral que combinaba restricciones de circulación, inversión en transporte público y renovación del parque vehicular. Para 2007, habían prohibido completamente la circulación de motocicletas en el área urbana, reemplazándolas por alternativas eléctricas más seguras.
El resultado fue contundente: la ciudad mejoró sustancialmente. Los accidentes mortales disminuyeron y la delincuencia asociada a estos vehículos prácticamente desapareció. Esto es lo que sucede cuando un gobierno prioriza la vida de sus ciudadanos por encima de los intereses económicos de unos pocos.
Ecuador: tres años de letra muerta
En nuestro país, desde el 8 de junio de 2022, la Agencia Nacional de Tránsito estableció que en una motocicleta solo puede circular una persona, con excepciones específicas. Sin embargo, esta disposición se ha convertido en papel mojado ante la desidia de las autoridades.
Las cifras son alarmantes y revelan la gravedad del abandono estatal: el 30% de los crímenes en Pichincha, el 60% en Guayas y el 70% en Esmeraldas se cometen con dos delincuentes en motocicleta. Estos vehículos circulan impunemente sin placas, sus conductores sin licencia ni casco, irrespetando todas las señales de tránsito.
La complicidad del poder
¿Por qué las autoridades de tránsito, tanto del gobierno central como de los municipios, se niegan a hacer cumplir una disposición que ya tiene más de tres años? La respuesta es clara: porque no existe voluntad política real para proteger al pueblo trabajador.
Mientras los sicarios continúan sembrando terror en nuestras calles, las autoridades prefieren mirar hacia otro lado. Esta inacción no es casualidad, es una política deliberada que beneficia a quienes lucran con el caos y la inseguridad.
El pueblo ecuatoriano merece un Estado que lo proteja, no uno que sea cómplice de su sufrimiento. La experiencia china nos demuestra que las soluciones existen, solo falta la voluntad política de implementarlas. Hasta que eso no suceda, seguiremos siendo rehenes de la violencia motorizada que asola nuestras ciudades.