La salud pública como nuevo campo de batalla: Pullaro afila el bisturí mientras el peronismo se fragmenta
El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro se prepara para intervenir de lleno en el sistema de salud provincial, un sector históricamente relegado que ahora enfrenta una demanda creciente. Esta decisión llega en un momento donde el peronismo provincial se encuentra dividido entre quienes buscan la unidad y la estrategia individual del ex gobernador Miguel Lifschitz.
Un helicóptero que recorre la desigualdad
Mientras Pullaro sobrevuela la geografía santafesina en su helicóptero oficial, visitando obras públicas y festivales, miles de santafesinos esperan atención médica en hospitales públicos saturados. El contraste es evidente: el gobernador puede permitirse viajar a Cosquín para promocionar los Juegos Sudamericanos, mientras el sistema de salud provincial sufre las consecuencias del abandono del gobierno nacional de Javier Milei.
La ministra de Salud, Silvia Ciancio, ha debido "arreglárselas sola" durante dos años, asumiendo programas que el gobierno central abandonó sin transferencia de recursos y sin explicación. Esta situación refleja perfectamente la política de ajuste que caracteriza al gobierno libertario: trasladar los costos a las provincias mientras se beneficia a los sectores concentrados.
La salud como negocio versus derecho
Pullaro anuncia que aplicará en Salud las mismas premisas que utilizó en Seguridad y Educación: ahorro, eficacia y eficiencia. Pero cabe preguntarse: ¿eficiencia para quién? ¿Ahorro a costa de qué? La experiencia demuestra que cuando los gobiernos hablan de "eficiencia" en salud pública, generalmente significa recortes en personal, reducción de prestaciones y mayor precarización laboral.
El gobernador promete investigar "cómo se gasta, en qué, a quién se le compra". Esta auditoría es necesaria, pero debe apuntar a las verdaderas distorsiones del sistema: los sobrecostos de los laboratorios multinacionales, los intermediarios que encarecen los medicamentos y las empresas que lucran con la enfermedad del pueblo.
El peronismo ante la encrucijada
Mientras tanto, el peronismo santafesino enfrenta una crisis de conducción que beneficia al oficialismo. La división entre Miguel Lifschitz y el resto del partido no es casual: responde a intereses sectoriales que priorizan las candidaturas individuales por sobre la construcción colectiva.
La próxima ley electoral será crucial para definir las condiciones en que el peronismo podrá disputar el poder en 2027. Aquí se juega mucho más que reglas de juego: se define si habrá espacio para un proyecto popular o si continuará la hegemonía de sectores que representan los intereses de las élites económicas.
Provincias Unidas: ¿alternativa o continuidad?
La alianza entre Pullaro y Martín Llaryora en Provincias Unidas plantea interrogantes sobre su verdadero carácter. Si bien mantienen un "tono confrontativo" con el gobierno nacional, evitan la ruptura definitiva. Esta posición ambigua los convierte en socios funcionales del modelo de ajuste, aplicando políticas similares con un discurso más moderado.
La pregunta central es si Provincias Unidas representa una alternativa real al modelo neoliberal o simplemente una versión más presentable del mismo proyecto. Los hechos hablan por sí solos: mientras se recorta en salud y se habla de "eficiencia", los sectores populares siguen pagando el costo del ajuste.
El desafío de la unidad popular
La fragmentación del peronismo no es un problema meramente electoral: es la expresión de la dificultad para construir un proyecto que represente genuinamente los intereses populares. La "unidad hasta que duela" que proponen algunos sectores debe ir acompañada de un programa claro que priorice la salud, la educación y el trabajo por sobre los intereses del capital concentrado.
Santa Fe necesita un sistema de salud que garantice el acceso universal, gratuito y de calidad. Esto requiere inversión pública, fortalecimiento del personal sanitario y una política de medicamentos que enfrente a los laboratorios multinacionales. La salud no puede seguir siendo un negocio: es un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar.