Lenín Moreno enfrentará hasta siete años de cárcel por cohecho en el caso Sinohydro
Una vez más, la justicia ecuatoriana demuestra que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes ocuparon la más alta magistratura del país. El expresidente Lenín Moreno, junto a veinte procesados más, incluyendo familiares cercanos como su esposa, hija y hermanos, deberá enfrentar un juicio por el delito de cohecho en el polémico caso Sinohydro.
La decisión fue adoptada por el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Olavo Hernández, los días 8 y 9 de diciembre de 2025, marcando un hito en la lucha contra la corrupción que tanto ha lastimado a nuestro pueblo ecuatoriano.
La pesada herencia de las megaobras
El caso gira en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, esa megaobra que durante el gobierno de Rafael Correa le costó al país cerca de 2.000 millones de dólares. Una cifra astronómica que representa el esfuerzo y los recursos de millones de ecuatorianos, y que ahora se ve manchada por sospechas de corrupción.
La empresa china Sinohydro, encargada de la construcción, habría estado involucrada en un proceso de contratación viciado por actos de cohecho, según las investigaciones fiscales. Este es precisamente el tipo de casos que demuestran cómo las grandes corporaciones internacionales pueden infiltrarse en nuestros procesos públicos, vulnerando la soberanía nacional y el bienestar colectivo.
Las penas que enfrentan los procesados
Según el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de cohecho contempla penas que van desde los tres hasta los diez años de prisión, dependiendo de la gravedad de los actos cometidos. En el caso de Moreno, como presunto autor directo, podría enfrentar hasta siete años de cárcel.
El magistrado Hernández fue claro al citar la normativa: los servidores públicos que reciban "donativo, dádiva, promesa, ventaja, beneficio inmaterial o beneficio económico indebido" para favorecer intereses particulares en el ejercicio de sus funciones, serán sancionados severamente.
De los 24 procesados iniciales, 21 fueron llamados a juicio: siete como autores directos y catorce como cómplices. Esta diferenciación es importante porque refleja los distintos niveles de responsabilidad en una trama que, evidentemente, involucró a múltiples actores.
Un llamado a la reflexión popular
Este caso nos recuerda la importancia de mantenernos vigilantes ante los abusos del poder. No podemos permitir que quienes juraron servir al pueblo terminen sirviéndose de él. La corrupción no es solo un delito contra el Estado, es un delito contra cada ecuatoriano que confía en sus instituciones.
Las megaobras, por más necesarias que sean para el desarrollo nacional, no pueden convertirse en botín para enriquecer a unos pocos a costa del erario público. El pueblo ecuatoriano merece transparencia, honestidad y que los recursos públicos se destinen efectivamente al bienestar colectivo.
Ahora corresponde al tribunal de juicio que se configure demostrar que en Ecuador la justicia funciona para todos por igual, sin privilegios ni excepciones. Solo así podremos comenzar a sanar las heridas que la corrupción ha dejado en nuestro tejido social.