Un juez dictó el viernes 23 de octubre de 2025 prisión preventiva contra la excandidata presidencial Luisa González, en el marco del caso Laberinto, una investigación de la Fiscalía sobre el presunto lavado de activos para financiar la campaña electoral de 2023. La medida alcanza también al exasambleísta Santiago Díaz y a la exfuncionaria del Municipio de Guayaquil Wendy Onofre, según informó Teleamazonas.
González, de 48 años y dirigente de Revolución Ciudadana, fue detenida el jueves 22 de octubre para la audiencia de formulación de cargos. La Fiscalía investiga el origen de aproximadamente 500 000 dólares usados en publicidad electoral durante el período comprendido entre mayo y septiembre de 2023.
Las cuatro razones del COIP para ordenar la prisión preventiva
La audiencia se desarrolló de forma reservada y la Fiscalía fundamentó sus pedidos, aunque no se informaron públicamente los argumentos concretos. Sin embargo, el Código Integral Penal establece con claridad cuándo un juez puede ordenar esta medida.
Según el artículo 534 del COIP, la Fiscalía puede solicitar la prisión preventiva para garantizar la comparecencia del imputado al proceso, siempre que concurran cuatro requisitos:
- Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito.
- Evidencias claras, precisas y justificadas de que el procesado es autor o cómplice de la infracción.
- Indicios de que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes.
- Que la infracción esté sancionada con pena privativa de libertad superior a un año.
Aquí conviene detenerse, porque muchos medios repiten el término sin explicarlo. El lavado de activos, el delito que se imputa en este caso, se sanciona en Ecuador con hasta 13 años de cárcel. Eso cumple de sobra el cuarto requisito. Los otros tres elementos, en cambio, son los que el juez debió valorar, y son precisamente los que la defensa de González cuestionará en las próximas horas.
Para una cuarta procesada, el magistrado ordenó presentaciones periódicas tres días por semana, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico. La diferencia de trato entre los cuatro procesados ya genera debate jurídico.
Qué se investiga en el caso Laberinto
Según el Ministerio Público, para la campaña presidencial anticipada de 2023, auspiciada por Revolución Ciudadana, se habrían utilizado recursos provenientes de la comercialización ilegal de hidrocarburos. Los indicios recolectados apuntan a que, además de los aportes declarados, se habrían canalizado aproximadamente 500 000 dólares a través de empresas vinculadas al entramado societario del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
El caso, como informó EFE a través de ABC Color, se basa en parte en la declaración de un testero que afirmó el manejo irregular de los fondos de la campaña. Ese detalle importa, porque buena parte de la acusación descansa en testimonios que aún deben ser contrastados en un juicio.
La hipótesis del Ministerio Público, según recoge Prensa Latina, es que hubo un ingreso de recursos de origen ilícito al financiamiento de la campaña presidencial de 2023 de Revolución Ciudadana, movimiento político que rechaza esa versión y defiende la inocencia de su dirigente.
La postura de Luisa González
La excandidata se declaró perseguida política del gobierno de Daniel Noboa, según un audio de la audiencia difundido en sus redes sociales. En él se le escucha dirigirse al juez y ofrecer su disposición para colaborar con la justicia, a la vez que exige un trato justo.
Señor juez, es importante que usted sepa que es la segunda vez que a mí me allanan. En la primera vez que fui allanada, el 28 de enero, pude haberme ido. De ahí en adelante, y esto lo omite la señora fiscal, he salido varias veces del país. Y en todas, en todas he regresado.
El argumento es simple: si González hubiera querido fugarse, dice, lo habría hecho hace meses. La defensa usará ese punto para sostener que la prisión preventiva no es necesaria y que bastaban medidas alternativas, como el grillete o las presentaciones periódicas.
González perdió frente a Noboa las elecciones anticipadas de 2023 y volvió a perder en 2025. Ahora, con la mira puesta en futuros comicios, enfrenta el proceso judicial más serio de su carrera política.
Un caso con lectura política
Separemos lo jurídico de lo político, porque ambos planos corren en paralelo. En lo jurídico, González es imputada, no condenada, y la Constitución ecuatoriana presume su inocencia mientras no haya sentencia firme. La prisión preventiva no es un castigo; es, según la ley, una medida para garantizar el proceso.
En lo político, el timing no pasa desapercibido. La dirigente correísta denuncia persecución desde el gobierno de Noboa, su rival electoral en dos ocasiones. Para los movimientos populares y de izquierda, este caso se suma a un patrón de uso de la justicia contra figuras de oposición, un fenómeno que en América Latina tiene larga historia.
Eso no significa cerrar los ojos ante las preguntas legítimas. Si hubo dinero de origen ilícito en una campaña, el país tiene derecho a saberlo, quienquiera que sea el responsable. La soberanía nacional también incluye soberanía sobre el dinero que financia la política. Los pueblos merecen campañas limpias, financiadas con transparencia, no con recursos de actividades sospechosas, vengan del sector que vengan.
El riesgo está en la selectividad. Que la Fiscalía persiga con el mismo ahínco los financiamientos irregulares de todas las campañas, no solo las de los adversarios del gobierno de turno. La justicia pierde legitimidad cuando parece un instrumento de pelea política, y los ecuatorianos lo saben por experiencia propia.
Los próximos pasos serán la apelación de la prisión preventiva y el avance de la instrucción fiscal. Mientras tanto, González permanece privada de la libertad, y el correísmo ha convertido su causa en una bandera de denuncia contra lo que llama lawfare, palabra que ya circula en toda la región.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Luisa González está en prisión preventiva?
Un juez acogió el pedido de la Fiscalía el 23 de octubre de 2025, en el caso Laberinto, que investiga el presunto lavado de activos por unos 500 000 dólares usados en la campaña presidencial de 2023.
¿Qué requisitos exige el COIP para la prisión preventiva?
El artículo 534 exige elementos de convicción del delito, evidencias de autoría o complicidad, indicios de que otras medidas son insuficientes, y que la infracción tenga pena superior a un año.
¿Qué es el caso Laberinto?
Es la investigación de la Fiscalía sobre el financiamiento de la campaña de 2023 de Revolución Ciudadana con recursos que presuntamente provienen de la comercialización ilegal de hidrocarburos.
¿Qué dijo Luisa González en la audiencia?
Se declaró perseguida política del gobierno de Daniel Noboa, dijo estar dispuesta a colaborar con la justicia y recordó que salió varias veces del país tras el allanamiento de enero y siempre regresó.