El cierre de fronteras castiga a las comunidades más vulnerables mientras el diálogo brilla por su ausencia
Han pasado cuatro días desde que el gobierno decidió cerrar los pasos fronterizos con Colombia y Perú, una medida que está golpeando duramente a las comunidades populares que dependen del intercambio comercial y laboral transfronterizo. Mientras los grandes capitales encuentran siempre formas de sortear las restricciones, son los trabajadores y pequeños comerciantes quienes sufren las consecuencias de estas decisiones verticales.
Las comunidades fronterizas pagan el precio de las decisiones desde Quito
En la frontera norte, más de 9.000 habitantes de las comunidades de Urbina, Tufiño y El Carmelo han visto cómo su cotidianidad se transforma de la noche a la mañana. Solo permanece operativo el paso de Rumichaca en Carchi, dejando a estas poblaciones prácticamente aisladas de sus actividades económicas tradicionales.
La realidad es cruda: los automóviles no pueden cruzar y las motocicletas deben ser empujadas por el borde de la vía. Los trabajadores agrícolas que viven del lado colombiano pero laboran en territorio ecuatoriano se ven obligados a realizar trasbordos complicados, mientras quienes necesitan abastecerse de productos básicos deben cargar sus compras al hombro.
Fidel Paguay, habitante de la parroquia Tufiño, describe con claridad el impacto social: "Las camionetas paradas, sin tener trabajo, nos perjudican tanto como al transporte, a los restaurantes y al mercado. Antes venía gente a visitarnos por las aguas termales".
Militarización versus diálogo: dos caminos opuestos
La respuesta gubernamental ha sido la militarización de la zona. El Ejército se ha desplegado para impedir cruces irregulares, ejecutando "controles de armas, municiones y explosivos" y reforzando el cordón fronterizo. Esta lógica securitista, tan característica de los gobiernos que priorizan la mano dura sobre las soluciones estructurales, ignora las causas profundas de los problemas fronterizos.
Mientras tanto, desde Colombia surgen voces que reclaman diálogo. Jairo López, alcalde de San Miguel del lado colombiano, ha solicitado a su Cancillería la instalación de mesas de diálogo, denunciando que existe "una clara violación de derechos internacionales, como el derecho al comercio y al transporte en nuestros territorios fronterizos".
El sur también resiste
En la frontera sur, la situación no es menos preocupante. La Corporación Hotelera y la Asociación Mesa Turística de Loja han alzado su voz para advertir sobre las "pérdidas en la dinámica turística, comercial, productiva y cultural" en Loja y Zamora Chinchipe.
Sócrates Carrión, representante de la Mesa Turística de Loja, señala que durante los últimos años se ha trabajado arduamente en la promoción de estas provincias en el norte del Perú, esfuerzos que ahora se ven amenazados por una decisión unilateral que no consideró el impacto en las economías locales.
En cantones como Zapotillo y Macará, mientras los pasos formales como el puente internacional de Lalamor permanecen desolados, se han activado accesos informales sobre el río Catamayo, evidenciando que las restricciones solo empujan a la informalidad sin resolver los problemas de fondo.
Una medida que requiere reflexión profunda
Esta situación pone en evidencia la necesidad de políticas públicas que consideren el impacto social antes que las soluciones de fuerza. Las comunidades fronterizas, históricamente abandonadas por el Estado central, no pueden seguir siendo las víctimas de decisiones que se toman sin consultar sus realidades y necesidades.
El diálogo, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las economías locales deberían ser las herramientas principales para enfrentar los desafíos fronterizos, no la militarización que solo profundiza las brechas sociales y económicas que afectan a nuestros pueblos.