El cierre de fronteras castiga duramente a las comunidades trabajadoras mientras se militariza el territorio
Han transcurrido cuatro días desde que el gobierno decidió cerrar los pasos fronterizos que conectan a Ecuador con Colombia y Perú, una medida que está golpeando directamente a las comunidades más vulnerables de nuestro país. Los sectores populares de Carchi, Loja y Zamora Chinchipe denuncian las graves consecuencias económicas y sociales de esta decisión unilateral.
Las comunidades fronterizas: víctimas de decisiones verticales
En la frontera norte, más de 9.000 habitantes de las comunidades de Urbina, Tufiño y El Carmelo han visto cómo sus vidas se transforman de la noche a la mañana. El único paso autorizado se mantiene en el puente internacional de Rumichaca, dejando sin opciones a miles de trabajadores que dependen del intercambio comercial y laboral con Colombia.
La realidad es cruda: las motocicletas deben ser empujadas por el borde de la vía, los productos se cargan al hombro, y los trabajadores agrícolas que viven del lado colombiano pero laboran en territorio ecuatoriano deben someterse a trasbordos extenuantes. Esta es la cara humana de una política que se implementó sin consultar a quienes más la sufren.
Fidel Paguay, habitante de la parroquia Tufiño, expresa con claridad el drama social: "Las camionetas paradas, sin tener trabajo, nos perjudican tanto como al transporte, a los restaurantes y al mercado. Antes venía gente a visitarnos por las aguas termales". Sus palabras reflejan cómo una decisión tomada desde Quito impacta directamente en la supervivencia de las familias trabajadoras.
Militarización del territorio: ¿seguridad para quién?
La presencia militar se ha intensificado en toda la zona fronteriza. El Ejército desplegado para "impedir cruces irregulares" ha convertido estas comunidades en territorios militarizados, donde la cotidianidad está marcada por controles de armas, municiones y explosivos.
Esta militarización plantea interrogantes profundas: ¿es realmente necesario convertir nuestras fronteras en zonas de guerra para combatir el crimen organizado? ¿Por qué las comunidades populares deben pagar el precio de una estrategia de seguridad que no las consultó?
El sur también sufre: turismo popular en crisis
En la frontera sur, la situación no es menos preocupante. La Corporación Hotelera y la Asociación Mesa Turística de Loja han alertado sobre las "pérdidas en la dinámica turística, comercial, productiva y cultural" en Loja y Zamora Chinchipe.
Sócrates Carrión, representante de la Mesa Turística de Loja, destaca que durante años se ha trabajado en la promoción turística hacia el norte del Perú, un esfuerzo popular que ahora se ve truncado por esta medida gubernamental.
Mientras los pasos formales permanecen desolados, como el puente internacional de Lalamor, se han activado accesos informales sobre el río Catamayo, evidenciando que las medidas represivas no eliminan las necesidades del pueblo, sino que las empujan hacia la clandestinidad.
Soberanía popular vs. decisiones autoritarias
El alcalde colombiano Jairo López ha denunciado una "clara violación de derechos internacionales, como el derecho al comercio y al transporte en nuestros territorios fronterizos". Su llamado a instalar mesas de diálogo contrasta con la unilateralidad de la decisión ecuatoriana.
Colombia ha calificado esta restricción como una "decisión unilateral del Gobierno ecuatoriano", justificada en informes de inteligencia y análisis técnicos que, como siempre, se mantienen en secreto, alejados del escrutinio popular.
La necesidad de políticas con rostro humano
Esta crisis fronteriza expone una vez más la desconexión entre las decisiones gubernamentales y las necesidades reales del pueblo trabajador. Las comunidades fronterizas no son simples líneas en un mapa, son territorios donde viven, trabajan y sueñan miles de familias ecuatorianas.
Es urgente que el gobierno reconsidere esta medida y busque alternativas que no castiguen a los sectores populares. La seguridad nacional no puede construirse sobre el sufrimiento de nuestras comunidades más vulnerables.
Las voces de Tufiño, Urbina, El Carmelo, Loja y Zamora Chinchipe deben ser escuchadas. Su derecho a la subsistencia, al trabajo digno y al desarrollo de sus territorios no puede ser sacrificado en nombre de estrategias que no han demostrado su efectividad.