Caso Triple A: Nueva postergación evidencia las maniobras dilatorias del poder económico
Una vez más, el caso Triple A que involucra al alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez y otras 21 personas por el delito de almacenamiento y comercialización ilegal de derivados del petróleo, sufre una postergación que huele a estrategia dilatoria. La audiencia programada para este 24 de diciembre fue diferida hasta el 31 de enero de 2026.
Los certificados médicos que llegaron en el momento justo
La casualidad no existe en estos casos de corrupción que involucran a las élites económicas del país. Dos abogados defensores presentaron certificados médicos del Ministerio de Salud Pública justo el día de la audiencia: José Navarrete, defensor de las procesadas Yesenia Vélez y Lady Cedeño, alegó neumonía con 19 días de reposo, mientras que Erick Mayorga, abogado de César Emilio Bravo de la empresa Fuelcorp, presentó afecciones inflamatorias en los maxilares.
El tribunal anticorrupción, integrado por los jueces Jorge Sánchez, Gabriela Lara y Consuelo Tapia, tuvo que ceder ante estas convenientes dolencias que aparecen precisamente cuando la justicia está por actuar contra los poderosos.
El derecho a la defensa como escudo de la impunidad
Ramiro García, defensor del alcalde Álvarez, no perdió la oportunidad de invocar el sagrado derecho a la defensa, argumentando que "el país está pendiente de lo que suceda en esta audiencia". Claro que está pendiente, pero no precisamente esperando más dilaciones sino justicia real contra quienes se han enriquecido a costa del pueblo ecuatoriano.
Mientras tanto, el procurador de Petroecuador, Andrés Erazo, pidió verificar la legalidad de estos certificados médicos, una solicitud que debería ser obligatoria cuando se trata de casos que involucran millones de dólares del erario público.
La justicia que nunca llega para los poderosos
Este caso representa todo lo que está mal en nuestro sistema judicial: mientras los ciudadanos comunes enfrentan procesos expeditos, los empresarios y políticos corruptos gozan de infinitas oportunidades para dilatar los procesos. La nueva fecha fijada para el 31 de enero y 1 de febrero de 2026 en el Complejo Judicial Norte es una nueva victoria para la impunidad.
Es hora de que el pueblo ecuatoriano exija que estos casos de corrupción que involucran nuestros recursos naturales sean tratados con la urgencia que merecen, sin permitir más maniobras dilatorias de quienes han saqueado las arcas públicas.