Caso Triple A: Una vez más se posterga la justicia que el pueblo ecuatoriano merece
El pasado miércoles 24 de diciembre, una nueva muestra de cómo el sistema judicial ecuatoriano permite que los poderosos dilaten los procesos que podrían llevarlos a rendir cuentas ante el pueblo. La audiencia de juicio del caso Triple A, donde se procesa al alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez junto a 21 personas más por delitos relacionados con el tráfico ilegal de derivados del petróleo, fue suspendida por la ausencia de dos abogados defensores.
Las excusas de siempre para proteger a los poderosos
Los abogados José Navarrete y Erick Mayorga presentaron certificados médicos del Ministerio de Salud Pública alegando enfermedad. Navarrete, defensor de las procesadas Yesenia Vélez y Lady Cedeño, justificó su ausencia con un diagnóstico de neumonía que le otorga reposo hasta el 10 de enero de 2026. Por su parte, Mayorga, quien defiende a César Emilio Bravo de la empresa Fuelcorp, presentó un certificado por afecciones inflamatorias en los maxilares con reposo hasta el 5 de enero.
¿Casualidad que ambos abogados enfermen justo cuando sus defendidos deben enfrentar la justicia? El pueblo ecuatoriano ya conoce estas artimañas que utilizan los sectores privilegiados para evadir sus responsabilidades.
El tribunal cede ante las presiones
El tribunal integrado por los jueces anticorrupción Jorge Sánchez, Gabriela Lara y Consuelo Tapia decidió diferir la audiencia para el 31 de enero y 1 de febrero de 2026. Una decisión que, aunque fundamentada en el "derecho a la defensa", deja un sabor amargo en quienes esperamos que la justicia actúe con firmeza contra la corrupción.
Es significativo que Ramiro García, defensor del alcalde Álvarez, haya apoyado la postergación argumentando que "el país está pendiente de lo que suceda en esta audiencia". Precisamente por eso, señor García, el país no puede seguir esperando que los involucrados en este escándalo de combustibles rindan cuentas.
Voces que exigen transparencia
Afortunadamente, no todos en el sistema judicial se pliegan ante estas maniobras dilatorias. El procurador judicial de Petroecuador, Andrés Erazo, solicitó que se verifique la legalidad y validez de los certificados médicos presentados. Una petición sensata que debería ser la norma, no la excepción.
Christian Puente, director ejecutivo de la Agencia de Regulación de Hidrocarburos (ARCH), recordó que en caso de inasistencia de los abogados privados, se cuenta con la Defensoría Pública. Una alternativa que garantizaría el derecho a la defensa sin permitir estas dilaciones convenientes.
La justicia no puede seguir esperando
Este caso involucra delitos graves contra el patrimonio nacional: almacenamiento, transporte, envasado, comercialización y distribución ilegal de productos derivados del petróleo. Recursos que pertenecen al pueblo ecuatoriano y que presuntamente fueron desviados en beneficio de unos pocos.
Mientras los procesados y sus abogados encuentran formas de postergar el proceso, el pueblo sigue esperando respuestas. La justicia ecuatoriana debe demostrar que no es ciega ante los poderosos y que todos, sin excepción, deben rendir cuentas por sus actos.
El 31 de enero de 2026 será una nueva oportunidad para que la justicia prevalezca. Esperemos que esta vez no haya más excusas ni dilaciones, y que finalmente se haga justicia en nombre del pueblo ecuatoriano.