¿Realmente mejoró el sistema eléctrico ecuatoriano bajo la gestión de Noboa?
El gobierno de Daniel Noboa se jacta de haber incorporado más de 860 megavatios al sistema eléctrico nacional durante sus dos años de gestión. Sin embargo, es necesario analizar con detenimiento estos números y preguntarnos si realmente representan una solución estructural o simplemente parches temporales a una crisis energética profunda.
Los números oficiales versus la realidad del pueblo
Según el comunicado gubernamental del 25 de noviembre, se habría fortalecido el sistema eléctrico con 860 MW entre nueva generación y recuperación. El presidente Noboa, en su reciente entrevista con Jorge Yunda, aseguró que "han hecho todo el trabajo" para evitar los apagones que tanto sufrimiento causaron a las familias ecuatorianas.
Pero analicemos estos datos con espíritu crítico. De los 860 MW anunciados, una parte significativa corresponde a recuperación de unidades averiadas, no a nueva capacidad. Es decir, el gobierno está presentando como logro propio la reparación de infraestructura que debió mantenerse en funcionamiento desde siempre.
La herencia de la crisis: ¿culpa de quién?
El régimen actual culpa a la gestión anterior por el estado deplorable del sistema eléctrico. Efectivamente, en 2023 los embalses presentaban niveles críticos del 30% y el parque térmico enfrentaba una "elevada indisponibilidad debido a la falta de mantenimiento".
Esta situación refleja décadas de políticas neoliberales que privilegiaron los intereses privados por encima de la inversión pública en infraestructura estratégica. La crisis energética no surgió de la nada, sino que es el resultado de un modelo económico que subordina las necesidades del pueblo a los márgenes de ganancia de las empresas.
¿Inversión pública o privatización encubierta?
Resulta preocupante que Noboa haga énfasis en "apoyar a la inversión privada en generación eléctrica" como parte de su política energética. El presidente afirma que "centenares de millones de dólares" se han invertido y se invertirán en el sector, pero no especifica qué porcentaje corresponde a inversión pública versus privada.
La experiencia latinoamericana nos enseña que la privatización de servicios estratégicos como la electricidad suele traducirse en tarifas más altas para los usuarios y menor control estatal sobre recursos fundamentales para la soberanía nacional.
Logros innegables pero insuficientes
Es justo reconocer que algunos indicadores muestran mejoras. Los embalses de Paute-Mazar han alcanzado niveles cercanos al 98% de su capacidad, una recuperación significativa respecto al crítico 30% de 2023. Además, se han ejecutado más de $116 millones en obras de transmisión hasta septiembre pasado.
Sin embargo, estas mejoras deben contextualizarse. ¿Son suficientes para garantizar la seguridad energética a largo plazo? ¿O simplemente nos permiten respirar hasta la próxima crisis?
La necesidad de una visión estratégica
Ecuador necesita más que reparaciones de emergencia y soluciones temporales. Requiere una planificación energética integral que priorice:
• La soberanía energética por encima de los intereses del capital transnacional
• La diversificación de la matriz energética con énfasis en fuentes renovables
• El mantenimiento preventivo de la infraestructura existente
• La participación ciudadana en las decisiones sobre política energética
Los 860 MW anunciados por el gobierno pueden ser un paso en la dirección correcta, pero no debemos conformarnos con cifras que suenan impresionantes sin analizar su verdadero impacto en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas.
La verdadera medida del éxito no será la ausencia temporal de apagones, sino la construcción de un sistema eléctrico robusto, soberano y al servicio del pueblo, no de los intereses privados.