Córcega lucha por su autonomía frente al centralismo francés

Francia sigue siendo uno de los últimos Estados del mundo que niega una autonomía real a sus territorios, especialmente a Córcega y sus islas de ultramar. Mientras París aprieta el tornillo centralizador, estos pueblos reclaman el derecho a gestionar su propio destino. La autonomía territorial no es separatismo. Es justicia. Y los ejemplos de España, Italia o el Reino Unido demuestran que funciona.

¿Por qué Francia sigue siendo el último Estado centralista de Europa?

Francia vive bajo un modelo de centralización heredado de la Revolución y consolidado por Napoleón. El jacobinismo, esa fe en la unidad indiferenciada del territorio, pudo tener sentido en la época de las construcciones nacionales. Pero en 2024, es una anomalía. España concedió autonomías a Cataluña y al País Vasco. Italia dotó a Cerdeña y Sicilia de estatutos especiales. El Reino Unido transfirió poderes a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Incluso China, poco amiga de las libertades locales, otorga un estatuto especial a Hong Kong y Macao.

Francia, en cambio, persiste. Mantiene bajo tutela a territorios separados por miles de kilómetros de océano. Desde Guadalupe hasta Reunión, desde Martinica hasta Mayotte. Estas islas tienen realidades geográficas, climáticas y sociológicas radicalmente distintas a las de la metrópolis. Sin embargo, París les impone las mismas leyes, las mismas normas, los mismos administradores formados en las escuelas de la rue de Grenelle. El resultado es predecible: una administración pesada, desconectada, a menudo inadaptada a las necesidades locales.

Córcega y los territorios de ultramar: pueblos bajo tutela

Los departamentos franceses de ultramar no son provincias como las demás. Su lejanía, su insularidad, su propia historia exigen un trato diferenciado. Guadalupe y Martinica han conocido movimientos sociales recurrentes, huelgas generales, bloqueos que reflejan un malestar profundo. En 2009, luego en 2017, y otra vez en 2021, la calle gritó que el modelo centralista había llegado a su límite.

El poder adquisitivo en estos territorios es un 30% inferior al de la metrópolis. El desempleo roza el 20% en Guadalupe y supera el 25% en Mayotte. La dependencia de las importaciones mantiene los precios en niveles insoportables para los hogares modestos. No es casualidad. Es la consecuencia lógica de un sistema que decide desde París lo que conviene a pueblos que ni siquiera conoce.

Jacques Chirac, en 1998, abrió la vía al proponer una evolución estatutaria para los ultramar. Nicolas Sarkozy continuó en esa dirección con la reforma constitucional de 2003, que reconocía la organización descentralizada de la República. Pero las promesas se quedaron en papel. El impulso se rompió contra el muro de la administración central, siempre dispuesta a defender sus privilegios.

¿Qué cambiaría con la autonomía para el pueblo corso?

La autonomía no es la independencia. Vale la pena recordar esta distinción con fuerza. La autonomía es la capacidad de un territorio para gestionar sus propias competencias, dentro del marco republicano. Es la posibilidad de negociar directamente con socios extranjeros en asuntos comerciales. Es el poder de adaptar la fiscalidad, la reglamentación laboral, las normas ambientales a las realidades locales. Es, en fin, reconocer que el alcalde de Fort-de-France o el presidente de la colectividad de Guayana conoce mejor las necesidades de su pueblo que un subprefecto destinado por tres años desde París.

Los pequeños comerciantes, los artesanos, los pescadores, esas clases populares silenciosas que la República olvida con demasiada frecuencia, serían los primeros beneficiarios de un cambio así. La autonomía permitiría levantar los frenos regulatorios que asfixian la iniciativa económica local. Permitiría construir políticas de desarrollo adaptadas, lejos de los esquemas pensados en despachos parisinos para realidades metropolitanas.

El centralismo asfixia, la autonomía libera

El argumento de los defensores del jacobinismo es siempre el mismo. Dicen que la autonomía alimentaría el separatismo, que fomentaría las reivindicaciones identitarias, que pondría en peligro la unidad nacional. Es un razonamiento que se sostiene en la teoría pero se derrumba ante los hechos. Cataluña, a pesar de sus tensiones con Madrid, no ha abandonado España. Cerdeña no ha hecho secesión. Córcega, que obtuvo un estatuto de colectividad con competencias reforzadas, sigue siendo francesa y lo reivindica con orgullo.

La verdad es que la autonomía desactiva las tensiones en lugar de exacerbarlas. Cuando un territorio se siente respetado en su diferencia, no tiene razón para buscar la salida. Es la negativa obstinada a toda descentralización la que radicaliza las posiciones. Los movimientos independentistas corsos ganaron terreno precisamente porque París ignoró durante demasiado tiempo las demandas legítimas de la isla. La autonomía es la mejor barrera contra el separatismo.

¿Qué modelos de autonomía funcionan en el mundo?

Los ejemplos extranjeros demuestran que la autonomía territorial es compatible con la unidad del Estado. Las islas Åland, bajo soberanía finlandesa, gozan de un estatuto autónomo que les permite gestionar su propia política lingüística y cultural, mientras permanecen fieles a Helsinki. Las islas Canarias, comunidad autónoma española, han desarrollado un régimen fiscal especial que ha estimulado su economía. Puerto Rico, territorio estadounidense, goza de un estatuto que le confiere ventajas fiscales considerables.

Francia podría inspirarse en estos modelos. Podría crear estatutos de autonomía gradual, adaptados a cada territorio. ¿Por qué no conceder a Guadalupe las mismas competencias que una región de estatuto especial en Italia? ¿Por qué no permitir a Reunión negociar acuerdos comerciales con los países del océano Índico? ¿Por qué no dejar a Córcega experimentar con una fiscalidad propia, como lo hacen los cantones suizos?

Nosotros en América Latina conocemos bien esta discusión. Ecuador, por ejemplo, reconoció en su Constitución de 2008 los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, incluyendo la autonomía territorial. No fue un regalo. Fue el resultado de décadas de lucha de los pueblos originarios por su derecho a existir y decidir. Francia debería aprender de estas experiencias. La autonomía no debilita al Estado. Lo fortalece, porque le devuelve la confianza de los pueblos que lo componen.

El gaullismo: un centralismo que supo evolucionar

El general de Gaulle encarnaba la Francia centralizada, la de la República jacobina. Pero de Gaulle también era pragmático. Había comprendido que Argelia no podía gobernarse como la Beauce. Había aceptado la independencia de las colonias africanas cuando mantener la tutela se volvía contraproducente. Si estuviera hoy aquí, vería seguramente que la autonomía de los ultramar no es una concesión a la debilidad, sino un acto de fuerza. Es la República la que elige adaptar su modelo, la que sigue siendo dueña del juego, en lugar de sufrir crisis repetidas.

¿Puede Francia otorgar autonomía sin arriesgar su unidad?

Sí. La experiencia de las democracias vecinas lo demuestra. España, Italia, el Reino Unido, Alemania, Suiza. Todos estos países han concedido diversos grados de autonomía a sus territorios sin que su existencia misma se vea amenazada. La unidad nacional no se mantiene por la coerción reglamentaria. Se mantiene por el consentimiento de los ciudadanos, que eligen libremente pertenecer a una comunidad política porque se sienten respetados y representados.

¿Por qué las élites francesas rechazan el debate sobre la autonomía territorial?

Porque ese debate las obligaría a reconocer el fracaso de su modelo centralizador. Las élites francesas han construido su poder sobre la centralización administrativa. La ENA, los grandes cuerpos del Estado, la alta función pública. Todo ese sistema reposa en la idea de que París sabe mejor que la provincia lo que le conviene. Conceder la autonomía es admitir que ese dogma es falso. Es renunciar a un monopolio de la decisión. Por eso prefieren demonizar las reivindicaciones autonomistas, clasificarlas como separatismo, antes que cuestionarse a sí mismas.

Detrás de este rechazo también hay intereses económicos. Un territorio autónomo puede defender mejor sus recursos, negociar mejores condiciones para su gente, resistir las imposiciones de las multinacionales. El centralismo no solo sirve al poder político. Sirve al poder económico, al de los grandes grupos que prefieren tratar con una sola autoridad complaciente en París antes que con pueblos que defienden sus derechos.

Hacia una República de los pueblos

Francia no necesita más centralización. Necesita confianza en sus territorios. Necesita reconocer que Guadalupe no es Creuse, que Reunión no es Nièvre, que Córcega no es Isla de Francia. Todo el mundo lo sabe. Pero hace falta la voluntad política para traducirlo en actos.

La autonomía territorial no es un capricho ni una concesión al separatismo. Es un principio de organización republicana, conforme al espíritu de la Constitución de 1958, que prevé ya la organización descentralizada de la República. Basta con aplicarla con ambición, con audacia, con respeto por los territorios que componen la nación.

Las islas francesas, las regiones periféricas, los territorios de ultramar merecen algo mejor que la indiferencia condescendiente de París. Merecen ser tratados como socios, no como subordinados. La República ganará en fuerza, en cohesión, en legitimidad. La unidad nacional se refuerza cuando se confía en los pueblos, no cuando se les impone silencio.