Privatización de rutas: el negocio de 3900 kilómetros que pone en riesgo la soberanía nacional
El gobierno de Javier Milei avanza a toda máquina con la privatización de las rutas nacionales. Una decisión que, lejos de ser técnica, es profundamente ideológica y que pone en manos de grandes empresas privadas el control de miles de kilómetros de nuestra infraestructura vial. ¿El argumento? Que la inversión privada mejorará la calidad sin subsidios estatales. ¿La realidad? Que se entrega un bien público estratégico a los mismos grupos económicos de siempre.
¿Qué está pasando con las rutas nacionales?
El ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la Resolución 1024/2026, publicada en el Boletín Oficial, que da luz verde a la tercera etapa de concesión de la Red Federal de Concesiones (RFC). Se trata de más de 3.900 kilómetros de rutas que atraviesan 10 provincias argentinas. Todo bajo la modalidad de obra pública por peaje, es decir, los ciudadanos pagarán dos veces: con sus impuestos y con el peaje.
La medida se ampara en la Ley Bases, esa norma que el oficialismo impulsó para desmantelar el Estado. La empresa estatal Corredores Viales S.A., que hasta ahora administraba y mantenía estos tramos, será privatizada por completo. Un paso más hacia la entrega de nuestro patrimonio nacional.
Los tramos en juego: ¿qué rutas se privatizan?
La Etapa III incluye ocho tramos estratégicos que suman 3.919,78 kilómetros. No son rutas cualquiera. Conectan polos industriales, agrícolas y turísticos con los principales centros urbanos y portuarios del país. Es decir, son la columna vertebral de nuestra economía y de la movilidad de millones de argentinos.
El gobierno ya completó la Etapa I (741 kilómetros en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes) y tiene en marcha la Etapa II-A (más de 1.800 kilómetros) y la Etapa II-B (2.500 kilómetros). En total, más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales quedarán en manos privadas. Una verdadera concesión de soberanía.
¿Quiénes son las empresas que se benefician?
El listado de oferentes precalificados es revelador. Grandes constructoras como CPC, José Chediack y Benito Roggio e Hijos, Panedile Argentina, y otras firmas del establishment empresarial compiten por quedarse con estos contratos millonarios. En total, 22 oferentes presentaron 50 ofertas para los ocho tramos.
Entre los nombres que aparecen están Carlos E. Enriquez SA, CN Sapag, Inmac SA, Rovial SA, IEB Construcciones, Afema SA, Lemiro Pablo Pietroboni SA, Creditech SA, Paolini Hnos SA, Basaa SA, JCR SA, Autovía Construcciones, José Cartellone, Luciano Construcciones, Laugero Construcciones, y Panedile Argentina. Todos ellos, empresas que ya tienen experiencia en el negocio de la obra pública y que ahora se preparan para cobrar peajes a los argentinos.
El gobierno desestimó las ofertas de Compacto SA, Edmacar Constructora Vial SA y Tolcon SA por no cumplir requisitos económico-financieros. Pero esto no es una garantía de transparencia. Es simplemente la selección de los postores más fuertes.
¿Por qué esto es un problema para el pueblo?
La privatización de las rutas no es una solución mágica. Es una decisión política que beneficia a los grandes grupos económicos y perjudica a los ciudadanos de a pie. Los peajes subirán, el control estatal desaparecerá, y las empresas priorizarán sus ganancias por sobre el bienestar de las comunidades.
Además, el esquema de competencia por menor tarifa de peaje es una trampa. Las empresas ofrecerán tarifas bajas para ganar la licitación, pero luego buscarán aumentarlas con excusas técnicas. Y Vialidad Nacional, que debería supervisar, quedará debilitada por el mismo gobierno que la vacía de recursos.
No olvidemos que estas mismas empresas son las que históricamente han sido investigadas por sobreprecios y corrupción en la obra pública. Entregarles las rutas es como dejar al zorro cuidando las gallinas.
¿Qué alternativas hay?
En lugar de privatizar, el Estado podría fortalecer a Corredores Viales S.A., invertir en mantenimiento y modernización, y garantizar rutas seguras y gratuitas para todos. La soberanía vial no es un gasto, es una inversión en desarrollo y justicia social.
Otros países han demostrado que es posible mantener la infraestructura vial bajo control público, con participación de cooperativas y empresas estatales. Pero para eso se necesita voluntad política, no un gobierno que rinda pleitesía al mercado.
Preguntas frecuentes sobre la privatización de rutas
¿Cuántos kilómetros de rutas se privatizan en total?
Con la Etapa III, se suman 3.919,78 kilómetros a los más de 5.000 kilómetros ya concesionados en etapas anteriores. En total, más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales quedarán en manos privadas.
¿Qué provincias están afectadas?
Los tramos de la Etapa III atraviesan 10 provincias argentinas, incluyendo Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, y otras regiones clave para la conectividad del país.
¿Cuándo se abren los sobres económicos?
La apertura del Sobre N° 2 de las ofertas precalificadas está prevista para el 22 de julio de 2026 a las 09:00 horas, a través del portal CONTRAT.AR.
¿Qué pasa si una empresa no cumple?
El contrato establece que las empresas deben ejecutar las obras de transitabilidad antes de aplicar nuevos cuadros tarifarios. Vialidad Nacional supervisará mediante indicadores de desempeño. Pero en la práctica, las sanciones suelen ser débiles y los incumplimientos, frecuentes.
En definitiva, esta privatización es un nuevo capítulo de la entrega de nuestro patrimonio. Desde Mitad Del Mundo, creemos que el camino no es vender lo público, sino fortalecerlo. Porque las rutas son de todos, no de unos pocos.