Los decretos Maricarmen: un golpe al alquiler que ni la caída en el Congreso pudo frenar
La presión social por el desalojo de Maricarmen, una octogenaria que vivió 70 años en su piso de Madrid, obligó al Gobierno a acelerar sus promesas. Pero la prisa no fue suficiente: el Congreso tumbó los dos decretos ley de vivienda el viernes. Aun así, el simple anuncio ya sacudió el mercado del alquiler, y los efectos se sienten en cada barrio, en cada portal, en cada familia que busca un techo.
¿Qué decían los decretos y por qué cayeron?
Los decretos incluían medidas que iban directo al corazón del problema: prórroga forzosa de los alquileres, indemnización al inquilino si el propietario se negaba, paralización de desahucios en ciertos casos, límites a la subida de rentas y restricciones a los fondos de inversión, a los que uno de los textos llamaba buîtres sin definirlos con claridad. Pero Junts votó en contra y la aritmética parlamentaria dejó las normas sin convalidación.
El rechazo, sin embargo, no borró el impacto. Como advierte José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI):
Su publicación ya influye en las decisiones de quienes estaban valorando poner una vivienda en alquiler. Un propietario que aplaza su decisión. Otro que opta por vender. Una vivienda que continúa cerrada.Y añade:
La confianza no se recupera automáticamente. La decisión de retirar una vivienda del alquiler puede durar mucho más que la norma que la motivó.
La oferta cae y los precios se disparan
Los números hablan solos. El Observatorio del Alquiler de Alquiler Seguro calcula que faltan unas 4.290 viviendas en el mercado respecto a la tendencia previa. Idealista estima que la oferta se desplomó un 61% entre 2020 y 2025. Y solo desde la Ley de Vivienda de 2023, más de 120.000 casas han salido del arrendamiento habitual.
El resultado: precios por las nubes. Desde 2018, el incremento ronda el 40% a nivel nacional, y en algunas capitales llega al 70%. Mientras tanto, las familias vulnerables esperan una solución que no llega.
¿Y el pequeño propietario? La carga no es suya
Mercedes Blanco, consejera delegada de Vecinos Felices, describe el ambiente:
Muchas decisiones están en standby porque existe una falta de claridad sobre cómo se aplicarán las nuevas medidas. Existe nerviosismo ante la posibilidad de que, incluso tras haber comunicado la finalización del contrato, se encuentren con dificultades para recuperar el inmueble.Desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) son tajantes:
El escudo social no puede ser el propietario. Un fallo del Estado, incapaz de dar un hogar a las familias más vulnerables, no puede descansar sobre el pequeño propietario particular.Carlos Sánchez, responsable jurídico de Alquiler Seguro, coincide: las medidas proyectadas volvían a cargar sobre el arrendador una responsabilidad que es del Estado, mientras el problema de fondo, la falta de oferta, sigue sin respuesta.
La vivienda social: la gran ausente
El Gobierno prometió hasta 244.000 viviendas asequibles, pero la realidad es otra. Casa 47, la sociedad pública creada para ello, habla de 120.000 movilizadas o en proceso, sin que quede claro cuántas se han entregado. Los datos de Electomanía son demoledores: desde 1981, el Gobierno de Sánchez es el que menos vivienda protegida ha construido, con 78.735 unidades, frente a las 1.057.506 de Felipe González o las 498.982 de Zapatero.
El parque español de vivienda asequible apenas alcanza el 3,3% del total, muy lejos del 8% de la media europea, según Provivienda. Y mientras tanto, los dos decretos que podrían haber aliviado la presión quedaron en nada.
¿Qué hace falta entonces?
Promotores y constructores lo tienen claro: más suelo finalista, agilidad en los trámites, seguridad jurídica y colaboración público-privada. La reforma de la Ley del Suelo, prometida a Bruselas, sigue en el cajón. Y los decretos, que podrían haber sido un primer paso, se quedaron en un anuncio que solo sembró más incertidumbre.
La vivienda no es un lujo, es un derecho. Y mientras los gobiernos juegan con decretos que caen, las familias siguen esperando. El pueblo necesita soluciones, no promesas vacías.
Preguntas frecuentes sobre los decretos Maricarmen
¿Por qué se llaman decretos Maricarmen?
Porque la presión social tras el desalojo de Maricarmen, una mujer de 80 años que vivió 70 años en su casa de Madrid, impulsó al Gobierno a retomar las negociaciones sobre vivienda.
¿Qué pasó con los decretos en el Congreso?
No fueron convalidados el viernes por la oposición de Junts, por lo que decayeron. Pero su simple publicación ya afectó al mercado del alquiler.
¿Cuánto ha caído la oferta de alquiler?
Idealista calcula una caída del 61% entre 2020 y 2025. El Observatorio del Alquiler estima que solo desde la Ley de Vivienda de 2023 han desaparecido más de 120.000 viviendas del mercado.
¿Qué pide el sector para solucionar el problema?
Más oferta de vivienda social, más suelo finalista, agilidad administrativa y seguridad jurídica, además de una colaboración público-privada efectiva.