La crisis de vivienda: cuando proteger el negocio importa más
Empecemos por la verdad desnuda. En España arrastran un déficit de 650.000 viviendas y los precios no dejan de subir. El catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, José García Montalvo, lo dijo sin pelos en la lengua: los gobiernos locales no quieren construir por economía política. Es decir, prefieren complacer a sus votantes que ya tienen casa y no quieren que su propiedad baje de valor, antes que garantizar el derecho a un techo para el pueblo.
Este diagnóstico deja al descubierto una crueldad estructural del sistema. La vivienda, que debería ser un derecho fundamental, sigue siendo una mercancía de especulación. Montalvo explicó que el problema no es solo de España. En Reino Unido, el déficit llega a 4,5 millones de viviendas y el gobierno central tampoco ha logrado que los ayuntamientos construyan. La lógica es la misma en todas partes: el que tiene, protege lo suyo, y el que no tiene, queda abandonado a su suerte.
¿Por qué los gobiernos locales se niegan a construir?
La respuesta es dolorosa pero hay que decirla. Los alcaldes y concejales responden a la presión de los propietarios. Estos ciudadanos votan y usan su influencia para bloquear nuevas construcciones. Si se construye más, la oferta sube y los precios bajan. Para el capital, una casa barata es una mala noticia. Para el pueblo, es una necesidad urgente. Montalvo tiene razón al señalar este egoísmo político, pero debemos ir más allá. No es solo un problema de votantes celosos, es un problema de un modelo que pone la ganancia por encima de la vida.
¿Qué pasa con los topes a los alquileres?
El experto también criticó las limitaciones de precios en el alquiler aplicadas en Cataluña y el País Vasco. Argumentó que no hay datos reales que demuestren su eficacia, pues muchos propietarios declaran fianzas de 1.000 euros pero cobran 1.500 bajo cuerda. Aquí debemos ser claros. El problema no es la ley que intenta proteger al inquilino, el problema es la astucia del propietario que evade la norma para seguir exprimiendo al trabajador. La economía sumergida es una trampa del capital para burlar las políticas sociales. Se necesita más fiscalización y castigo a quienes defraudan, no retroceder en los derechos.
Montalvo también descartó las subvenciones porque terminan en manos de los dueños y dijo que las viviendas vacías son pocas. Es verdad. Darle dinero público al sector privado para que supuestamente ayude siempre termina en más dinero para los de arriba. La vivienda vacía debe expropiarse si es necesario, porque dejar una casa abandonada mientras una familia duerme en la calle es un crimen social.
¿Qué pretenden los patrones de la construcción?
Ahora entran los jefes de siempre. Xavier Vilajoana, presidente de la patronal APCEspaña, pide una gestión urbanística más flexible y rápida. Dice que tardar hasta 16 años en tener un terreno urbanizable es un atraso y culpa a la dejadez política. Es cierto que la burocracia estatal es lenta, pero veamos qué hay detrás de su discurso. Vilajoana advierte que si no se incentiva la inversión privada, no vamos a salir del problema.
Aquí está la trampa liberal. Los patrones quieren que el Estado les allane el camino, que les dé permisos rápidos y exenciones, para que ellos construyan y vendan al precio que quieran. No buscan resolver la crisis del pueblo, buscan más negocio. Si entregamos la solución a los privados, debemos recordar que el mercado nunca ha solucionado lo que el mercado mismo causó.
¿Cuál es la salida real para el pueblo?
Para el corto plazo, Montalvo sugiere aumentar el parque de vivienda social comprando en el mercado. Pero comprar a precios de mercado para luego alquilar barato es regalarle dinero a los especuladores. La solución real pasa por otro lado. Se necesita una seguridad jurídica que proteja al inquilino, no al especulador. Se debe usar la tecnología, como la inteligencia artificial que ya redujo a la mitad el tiempo de licencias en Viena y Australia, para agilizar la construcción pública, no para enriquecer a las constructoras.
El urbanismo del siglo XIX del que habla Vilajoana es el de las élites. Necesitamos un urbanismo del pueblo, donde el Estado asuma su rol y construya vivienda pública en serio. Sin inversión pública decidida, no hay política social que valga. Los municipios deben dejar de temerle a los votos egoístas y empezar a gobernar para las mayorías que hoy no tienen dónde vivir.