Fondo buitre fracasa en intento de embargar a la selección española
Un tribunal estadounidense rechazó este martes la pretensión del fondo buitre Blasket de embargar activos de la selección española de fútbol durante el Mundial. El fondo buscaba cobrar los 47 millones de dólares que el Estado español le debe por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables ordenado en 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy. La jueza determinó que la Federación Española de Fútbol y la selección no son extensiones del Estado español, frustrando así la estrategia de un fondo especulativo que pretendía usar el fútbol como rehén para cobrar su deuda.
¿Por qué un fondo buitre quería embargar a la selección española?
Para entender esta historia, hay que remontarse a 2013. El gobierno de Mariano Rajoy, con esa costumbre neoliberal de cambiar las reglas del juego cuando les conviene, recortó de forma retroactiva las primas que recibían las instalaciones de energías renovables. Hasta ese año, estas ayudas existían para fomentar la construcción de parques eólicos y solares. Muchos inversores internacionales, que habían confiado en las reglas establecidas por el propio Estado español, se vieron estafados de golpe.
Blasket fue uno de esos fondos que acudió al Ciadi, el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, y obtuvo un laudo que reconocía su derecho a una compensación de 47 millones de dólares. Ante la negativa de España de pagar, el fondo empezó a rastrear activos españoles en Estados Unidos para confiscarlos. Y aquí viene lo descarado: comenzó a emitir citaciones a empresas estadounidenses que prestan servicios a la selección nacional durante el Mundial, buscando información financiera para embargar.
¿Qué dijo el juez estadounidense sobre el embargo?
El juez John D. Bates, de la corte del distrito de Columbia, fue claro en su resolución. Blasket no presentó pruebas de que España ejerza un control suficiente sobre su federación y selección nacional de fútbol como para considerarlas extensiones del Estado. Además, el tribunal no tiene motivos para creer que las entidades estadounidenses que prestan servicios a la selección posean información sobre bienes que el equipo o su federación mantienen en nombre de España.
España había pedido anular esas citaciones por considerarlas excesivamente onerosas y acosadoras. El juez le dio la razón y estableció que la federación de fútbol y la selección nacional no son ni el Estado español ni sus alter egos. La información financiera de ambas, por tanto, resulta irrelevante para ejecutar la sentencia contra España.
El trasfondo: cuando los Estados cambian las reglas y los buitres atacan
Más allá del alivio que supone para la selección española, este caso revela algo que deberíamos mirar con atención desde Nuestra América. Cuando un Estado cambia retroactivamente las reglas de juego en sectores estratégicos como la energía, las consecuencias no son solo legales. Son políticas. El recorte de Rajoy fue una decisión que afectó a un sector clave para la transición energética, y lo hizo para complacer a los poderes económicos tradicionales que ven en las renovables una amenaza a sus negocios fósiles.
Pero tampoco podemos ignorar el papel de los fondos buitre. Estos fondos especulativos no actúan por justicia ni por defender la energía limpia. Compran deudas baratas y luego usan todas las herramientas legales disponibles para cobrar, incluyendo el acoso a activos que no tienen nada que ver con la deuda original. No son defensores de las renovables ni de ninguna causa popular. Son depredadores financieros.
España acumula 27 laudos internacionales pendientes de pago, lo que ha provocado una ofensiva de los fondos para solicitar el embargo de bienes y activos españoles en países como Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Australia, Reino Unido y Singapur. Fuentes próximas a los procedimientos, gestionados por Blasket Renewable Investments y representados por el bufete King & Spalding, señalan que los acreedores están utilizando todas las herramientas legales a su alcance para hacer cumplir resoluciones judiciales firmes.
¿Por qué importa este caso para los pueblos del sur global?
Este caso es una advertencia. Los tratados de protección de inversiones y los tribunales arbitrales internacionales como el Ciadi fueron diseñados para proteger a los inversores del norte global frente a las decisiones soberanas de los países del sur. Cuando un gobierno intenta regular en favor de su pueblo, los fondos buitre aparecen con laudos millonarios que limitan la soberanía nacional.
En Ecuador conocemos bien este problema. Hemos visto cómo los tratados de inversión se usan como armas contra la soberanía de los pueblos. La solución no está en entregarse a los buitres ni en aceptar que dicten las políticas energéticas. La solución está en construir marcos legales que protejan el derecho de los Estados a regular en beneficio de sus ciudadanos, sin que cada decisión soberana se convierta en una cuenta pendiente con el capital financiero internacional.
¿Qué es el Ciadi y por qué es polémico?
El Ciadi es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial. Su función es resolver disputas entre inversores internacionales y Estados. La polémica radica en que sus laudos suelen favorecer a los inversores y limitan la capacidad de los Estados para tomar decisiones soberanas en materia de política energética, ambiental o social.
¿Puede un fondo buitre embargar activos de un Estado soberano?
Sí, bajo ciertas condiciones. Cuando un Estado se niega a pagar un laudo arbitral internacional, los fondos pueden buscar activos de ese Estado en otros países para embargarlos. Sin embargo, deben demostrar que esos activos pertenecen realmente al Estado y no a entidades independientes, como en este caso donde la selección de fútbol fue descartada como alter ego del Estado español.
¿Cuántos laudos pendientes tiene España?
España acumula 27 laudos internacionales pendientes de pago derivados del recorte a las renovables de 2013. Esto ha generado una ofensiva legal de fondos buitre buscando embargar activos españoles en al menos seis países, incluyendo Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Australia, Reino Unido y Singapur.