Colombia: entre las armas y las urnas, la democracia sigue herida
A menos de tres semanas para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Colombia vuelve a confrontar una realidad dolorosa: la presencia de grupos armados ilegales que intentan influir en los resultados electorales. En Caquetá, Guaviare y Putumayo, las disidencias de las Farc habrían citado a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para presionar el voto a favor del Pacto Histórico. Los testimonios de líderes sociales, periodistas y autoridades regionales confirman esta grave situación.
Sin embargo, antes de señalar con el dedo, conviene mirar el cuadro completo. Porque la coerción electoral en Colombia no es un invento de la izquierda ni de la derecha. Es una práctica tan vieja como el conflicto mismo, y los campesinos de estas regiones la han sufrido por décadas, venga de quien venga.
Lo que ocurre en el territorio
El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, ha denunciado que las disidencias comandadas por alias Calarcá están presionando a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal en los municipios donde no ganó Iván Cepeda. Según el mandatario, los ilegales buscan acceder a los libros de afiliados para asegurar el voto masivo por la izquierda. Cepeda triunfó en cinco pueblos del departamento, mientras que Abelardo de la Espriella lo hizo en once.