Chino Mori: el candidato con 18 sentencias que quiere gobernar Ucayali
En el Perú, a pocos días de las elecciones regionales, un nombre resuena con fuerza en Ucayali: Guillermo Cornelio Chino Mori. Este postulante, que busca ser gobernador regional por Alianza para el Progreso (APP), no es un político cualquiera. Su historial judicial lo coloca en el centro de la polémica: acumula 18 sentencias penales, la cifra más alta entre los 329 candidatos a gobernadores regionales en todo el país.
Chino Mori no es un desconocido en la política local. Fue alcalde del distrito de Manantay y su nombre ha estado ligado a procesos judiciales desde 1998. Sin embargo, su condena más relevante llegó en 2015, cuando fue sentenciado por el delito de negociación incompatible. La pena, inicialmente suspendida, se convirtió en efectiva tras las apelaciones, y terminó en prisión. La Corte Suprema confirmó la condena, dejando en evidencia un caso que, según la Fiscalía, involucró el favorecimiento económico a un tercero desde el municipio.
¿Qué delitos cometió Chino Mori?
El expediente de Chino Mori incluye acusaciones por concusión, peculado, abuso de autoridad y colusión. La mayoría de estos casos fueron archivados, pero la condena de 2015 por negociación incompatible marcó un antes y un después. El juzgado señaló que el entonces alcalde y funcionarios ediles transgredieron los principios de autoridad, imparcialidad y objetividad, vulnerando el normal funcionamiento de la administración pública.
Tras cumplir su condena, Chino Mori ha pedido perdón públicamente y asegura estar rehabilitado. En declaraciones a medios regionales, ha insistido en que quiere volver a la política para servir a su pueblo. Pero, ¿puede un candidato con este historial postular legalmente?
La ley electoral y las contradicciones del sistema
La especialista en derecho electoral Silvia Guevara explica que la Constitución Política del Perú, en su artículo 34-A, impide postular a personas con sentencias condenatorias, incluso en primera instancia. Sin embargo, la normativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contempla excepciones, como la rehabilitación. Esto ha generado un vacío legal que, según Guevara, permite que personas con antecedentes penales lleguen a las candidaturas.
Guevara recuerda el caso de Mario Vizcarra, quien pudo postular pese a estar impedido, gracias a una decisión del JNE. Esta situación, advierte la experta, evidencia la falta de filtros en los partidos políticos. “Llama mucho la atención que las mismas organizaciones políticas no hayan tenido los filtros suficientes respecto de los candidatos que están poniendo a disposición de la ciudadanía”, concluye.
Otros candidatos con sentencias penales
Chino Mori no es el único. Según el registro del JNE, 49 candidatos a gobernadores regionales tienen al menos una sentencia penal, sumando 98 en total. Entre ellos destacan:
- Ferry Torres Huamán (Juntos por el Perú, Amazonas): 7 sentencias, una de ellas por colusión en 2023, con pena de 6 años de prisión efectiva.
- Álvaro Renato Calderón (Fe en el Perú, Lambayeque): 5 sentencias.
- Juan del Carmen Vásquez Cruzado (Frente de la Esperanza 2021, Áncash), Elmer Cáceres Llica (APP, Arequipa), Tedy Vásquez Cárdenas (Perú Moderno, Loreto), Luis Dante Zubia Cortez (Podemos Perú, Moquegua) y Miguel Ángel Quispe Palomino (Alianza Regional por el Perú, Pasco): 3 sentencias cada uno.
¿Qué dicen los candidatos sobre sus antecedentes?
Ante las críticas, algunos candidatos han salido a defenderse. Juan del Carmen Vásquez Cruzado asegura que sus sentencias no están relacionadas con corrupción. Sobre una de ellas, por usurpación, explica que fue un “acto social” al apoyar a un asentamiento humano. “Si bien se puede decir que cometí un error en el ámbito legal, cumplí un objetivo social y asumí mi responsabilidad”, sostiene.
Por su parte, Tedy Vásquez Cárdenas, de Perú Moderno, afirma que declaró sus antecedentes ante el JNE y que ya cumplió sus penas. “Nunca he pretendido ocultar ningún aspecto de mi vida ni de mi trayectoria. No reniego de mi pasado”, declara, añadiendo que las personas deben asumir sus actos y aprender de las experiencias.
¿Deben los partidos políticos ser más rigurosos?
La pregunta es inevitable. Si la ley permite que personas con sentencias postulen, ¿dónde queda la ética política? Silvia Guevara insiste en que se necesita una reforma clara que establezca un catálogo de delitos que impidan la postulación. Mientras tanto, los partidos políticos parecen priorizar la conveniencia electoral sobre la idoneidad de sus candidatos.
En un país donde la corrupción ha golpeado duramente a la ciudadanía, permitir que personas con este historial aspiren a cargos públicos es una bofetada a la justicia. La población merece líderes transparentes, no políticos que vean la función pública como un botín.
¿Qué significa esto para la democracia peruana?
La situación refleja una crisis más profunda en el sistema político peruano. La falta de filtros y las lagunas legales permiten que personajes cuestionados ocupen espacios de poder. Esto no solo deslegitima las instituciones, sino que también alimenta la desconfianza ciudadana.
Es urgente que el Congreso y el JNE tomen cartas en el asunto. La democracia no puede permitirse el lujo de tener gobernantes con antecedentes penales. La soberanía popular exige candidatos limpios, comprometidos con el bien común y no con intereses personales.
Mientras tanto, los votantes de Ucayali y de todo el Perú deben reflexionar antes de emitir su voto. La historia de Chino Mori es un recordatorio de que la política puede ser un refugio para quienes han fallado a la sociedad. Pero también es una oportunidad para exigir un cambio real.
Fuente: El Comercio Perú