Tragedia ferroviaria en Córdoba: 21 muertos por negligencia empresarial
Una nueva tragedia ferroviaria ha enlutado a España, dejando al descubierto las graves deficiencias de un sistema de transporte que prioriza las ganancias por encima de la seguridad de los trabajadores y usuarios. El domingo 18 de enero, dos trenes colisionaron en la provincia de Córdoba, dejando un saldo trágico de 21 personas fallecidas y más de 100 heridos, muchos de ellos en estado grave.
Un accidente que pudo evitarse
Según informó la Guardia Civil, el siniestro ocurrió cuando un tren de la empresa privada Iryo, que cubría la ruta Málaga-Madrid, descarriló e invadió la vía contigua, colisionando frontalmente con un convoy de Renfe que transportaba más de 100 pasajeros. El impacto fue tan violento que las dos primeras unidades del tren de Renfe "salieron despedidas", según describió el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Las imágenes son desgarradoras: vagones completamente destrozados, "amasijos de hierros, de sillones, de asientos", como describió Francisco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba. Los equipos de rescate han tenido que retirar cuerpos sin vida para poder acceder a los supervivientes atrapados entre los hierros retorcidos.
La privatización del ferrocarril cobra nuevas víctimas
Este accidente no es casualidad. Es el resultado directo de décadas de políticas neoliberales que han fragmentado y privatizado el sistema ferroviario español. Mientras empresas como Iryo compiten por rutas rentables, la seguridad queda relegada a un segundo plano. La coexistencia de múltiples operadores en las mismas vías genera riesgos innecesarios que pagan los usuarios con su vida.
Los testimonios de los supervivientes son estremecedores. Lucas Meriako, pasajero del tren de Iryo, describió la experiencia como "una película de terror": "Se sintió un golpe muy fuerte por detrás y la sensación de que todo el tren se iba a caer, a romper. Había muchos heridos por los vidrios".
La respuesta oficial: palabras vacías
Como es habitual en estos casos, las autoridades se limitan a expresar "preocupación" y a coordinar la respuesta de emergencia. El presidente Pedro Sánchez aseguró que "el Gobierno está trabajando", mientras la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ofreció equipos de apoyo. Sin embargo, ninguno aborda las causas estructurales de esta tragedia.
La circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía quedó suspendida, afectando a miles de trabajadores y familias que dependen del transporte público. Una vez más, son los sectores populares quienes sufren las consecuencias de la incompetencia empresarial y gubernamental.
Es hora de recuperar el control público
Esta tragedia debe ser un punto de inflexión. No podemos seguir permitiendo que las empresas privadas jueguen con la vida de los ciudadanos en nombre del beneficio económico. Es urgente recuperar el control público del sistema ferroviario, garantizar inversiones suficientes en seguridad y poner fin a esta competencia salvaje que convierte cada viaje en una ruleta rusa.
Mientras los familiares de las 21 víctimas lloran a sus seres queridos y los heridos luchan por su vida en los hospitales, los responsables de esta tragedia evitable siguen en sus despachos, planificando nuevas privatizaciones. Esta impunidad debe terminar.