Parlamento ecuatoriano exige garantías para defender ley ante Corte

La Asamblea Nacional de Ecuador ha solicitado formalmente a la Corte Constitucional una extensión del plazo para defender la polémica Ley de Integridad Pública, una de las tres normativas suspendidas que el presidente Daniel Noboa intenta impulsar.

Defensa de derechos constitucionales en juego

El Legislativo denuncia que la Corte Constitucional ha reducido drásticamente los plazos legales establecidos para preparar una defensa adecuada. Mientras la normativa contempla quince días para este proceso, el tribunal solo ha otorgado siete días, comprometiendo así el derecho a una defensa justa.

La suspensión de estas leyes por parte de la Corte Constitucional ha generado una fuerte reacción del gobierno de Noboa, quien incluso encabezó una marcha contra los magistrados, acción que ha sido duramente criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos.

Impacto en el sector cooperativo

Entre los puntos más controvertidos de la ley suspendida se encuentra el artículo que obligaba a las cooperativas de ahorro y crédito a convertirse en sociedades anónimas privadas. Esta medida ha sido fuertemente rechazada por organizaciones sociales y sindicatos, que consideran que vulnera derechos fundamentales.

Respaldo internacional a la independencia judicial

Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación por las presiones ejercidas contra la Corte Constitucional, defendiendo la importancia de mantener la independencia del poder judicial.

"Esto afecta la posibilidad de presentar una respuesta a la altura de la exigencia técnica que el caso amerita y de la responsabilidad social que un asunto de esta naturaleza representa para el país", señaló la Asamblea Nacional en un comunicado oficial.