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Organizaciones sociales desafían Ley de Inteligencia ante Corte Constitucional

Organizaciones de derechos humanos y sindicatos ecuatorianos enfrentan la Ley de Inteligencia ante la Corte Constitucional, denunciando violaciones a derechos fundamentales y vigilancia excesiva.

ParDiego Saltos
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Image d'illustration pour: Audiencia pública por impugnaciones a Ley de Inteligencia en Ecuador - Noticias Prensa Latina

Organizaciones sociales se manifiestan frente a la Corte Constitucional contra la Ley de Inteligencia

La Corte Constitucional de Ecuador celebra hoy una audiencia pública telemática para examinar las múltiples impugnaciones contra la controversial Ley de Inteligencia, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea Nacional.

Amplia coalición social rechaza la normativa

Entre los demandantes destacan organizaciones de derechos humanos como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil y la Corporación Promoción de la Mujer. A estos se suman importantes organizaciones sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores y la Unión Nacional de Educadores.

Preocupaciones sobre derechos fundamentales

Las organizaciones sociales advierten que la ley otorga poderes excesivos al Estado en materia de vigilancia y control. Los críticos señalan violaciones al derecho a la privacidad, permitiendo el acceso a datos personales sin orden judicial y garantizando impunidad a los agentes de inteligencia.

Tensión institucional en aumento

La situación ha generado un clima de tensión institucional sin precedentes. La CIDH ha expresado su preocupación por las presiones del gobierno de Noboa contra la Corte Constitucional, considerándolas una amenaza a la independencia judicial.

Las organizaciones sociales realizarán un plantón frente a la Corte Constitucional para expresar su rechazo a una normativa que consideran violatoria de derechos fundamentales.

Respuesta gubernamental

El presidente Noboa ha defendido la ley como necesaria para combatir la corrupción y fortalecer la seguridad nacional. En respuesta a la suspensión temporal de varios artículos, convocó a una marcha contra la Corte Constitucional que incluyó manifestaciones controversiales contra los jueces.

Diego Saltos

Egresado de comunicación social, escribe con fe en la justicia social y el bien común.