Operativo contra minería ilegal revela vínculos con grupos armados

En un operativo militar desarrollado en la provincia de Imbabura, norte andino de Ecuador, fueron detenidos cinco ciudadanos colombianos y dos ecuatorianas vinculados a actividades de minería ilegal. La acción, que tuvo lugar en la localidad de Lita, municipio de Urcuquí, permitió la incautación de armamento militar incluyendo subametralladoras, fusiles y revólveres.

Desmantelamiento de estructuras criminales en medio de protestas sociales

Esta intervención ocurre en un contexto de creciente tensión social, donde las manifestaciones contra las políticas gubernamentales han convertido a Imbabura en epicentro de la resistencia popular.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) mantiene sus protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, medida que el gobierno justifica argumentando que beneficiaba a grupos vinculados al tráfico de combustibles y la minería ilegal.

Impacto ambiental y social de la minería ilegal

La Cámara de Minería de Ecuador (CME) ha reconocido la acción gubernamental, aunque desde una perspectiva que ignora las complejidades sociales del territorio. La extracción ilegal de minerales no solo destruye ecosistemas y contamina fuentes hídricas, sino que se entrelaza con una red de problemas sociales más amplios.

Contexto de militarización y conflicto social

Este operativo se enmarca en la declaratoria de "conflicto armado interno" del presidente Noboa, quien ha adoptado una postura de confrontación directa. Las tensiones entre el gobierno y los movimientos sociales se han intensificado, mientras la violencia alcanza niveles históricos en el país.

La ministra Inés Manzano reporta una reducción en el consumo de diésel en las provincias fronterizas, aunque esta disminución podría estar afectando también a sectores productivos legítimos y comunidades vulnerables que dependen de este combustible para sus actividades diarias.