Noboa impulsa consulta popular que amenaza soberanía y derechos sociales
El presidente Noboa propone consulta popular que incluye bases militares extranjeras, reforma judicial y cambios laborales, generando preocupación por impacto en soberanía y derechos sociales.
El presidente Daniel Noboa presenta las siete preguntas para la consulta popular que busca reformar aspectos fundamentales del Estado ecuatoriano
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reveló este sábado las siete preguntas que pretende incluir en la consulta popular y referendo programados para diciembre de 2025, generando preocupación entre diversos sectores sociales por su potencial impacto en la soberanía nacional y los derechos laborales.
Cuestionamiento a la independencia judicial y soberanía territorial
Entre las propuestas más polémicas destaca el intento de someter a los jueces de la Corte Constitucional a juicio político, una medida que surge tras la reciente suspensión de tres disposiciones gubernamentales por parte del máximo tribunal. Esta decisión judicial, que afectó leyes como la de Integridad Pública, fue respaldada por juristas pero rechazada por el Ejecutivo.
Preocupa especialmente la propuesta de modificar el artículo 5 de la Constitución para permitir bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, lo que representaría un retroceso en materia de soberanía nacional.
Amenazas a la participación ciudadana y derechos laborales
El paquete de preguntas incluye la eliminación del financiamiento público a organizaciones políticas y la transferencia de funciones del Consejo de Participación Ciudadana al Legislativo, donde ya se experimenta una crisis en la conformación de comisiones clave.
En materia laboral, Noboa insiste en la controvertida contratación por horas para el sector turístico, pese a que fue rechazada en una consulta anterior. Esta propuesta se suma a las políticas que han generado preocupación por el abandono de sectores estratégicos del país.
Juegos de azar y reducción parlamentaria
El referendo también contempla la legalización de casinos en hoteles cinco estrellas, con un impuesto del 25% destinado a programas contra la desnutrición infantil, así como la reducción del número de asambleístas mediante la modificación del sistema electoral.
Las preguntas propuestas requieren la aprobación previa de la misma Corte Constitucional que el gobierno busca someter a control político, generando dudas sobre la legitimidad del proceso.
Diego Saltos
Egresado de comunicación social, escribe con fe en la justicia social y el bien común.