El Director del Issfa se Autoproclama "Voz Única" de los Militares en Debate de Nueva Ley
En una demostración clara de cómo las estructuras jerárquicas militares silencian las voces de la base, el general José Fiallos, director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), se autoproclamó como "la voz de todo el servicio activo" durante la discusión de la nueva Ley Orgánica de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Esta declaración, que suena más a imposición que a representación democrática, se produjo cuando el legislador Fernando de la Torre sugirió que se invite a representantes de la tropa para que expongan directamente sus preocupaciones. La respuesta del general Fiallos fue contundente y reveladora del autoritarismo institucional que caracteriza a las fuerzas armadas.
La Jerarquía Como Barrera Democrática
"Si no tomamos en consideración la cultura organizacional, rompemos la cultura de la jerarquización", declaró Fiallos, defendiendo un sistema que impide que los verdaderos afectados por la ley puedan expresar sus inquietudes directamente ante la Asamblea Nacional.
Esta postura evidencia cómo las estructuras militares, diseñadas para la guerra, se resisten a los principios democráticos básicos cuando se trata de discutir políticas que afectan directamente a miles de familias ecuatorianas.
Cuatro Años de Espera y Especulaciones
El proyecto llega a debate después de cuatro largos años, desde que la Corte Constitucional declaró inconstitucional parcialmente la llamada "ley Patiño" de 2016. Durante este tiempo, el personal militar ha vivido en la incertidumbre, mientras las autoridades realizaban "catorce mesas técnicas reservadas" que mantuvieron en secreto las negociaciones.
Esta falta de transparencia es característica de los gobiernos que privilegian los intereses corporativos por encima de los derechos de los trabajadores, incluso cuando estos trabajadores visten uniforme.
Los Cambios que Afectan a las Familias Militares
La nueva propuesta mantiene el polémico incremento de 20 a 25 años de servicio para acceder al retiro, una medida que afecta al 33% del personal que ingresó desde octubre de 2016. Además, establece complejos sistemas de cálculo de pensiones que varían según los años de servicio.
Para militares con 20 años de servicio:
- Pensión por salida anticipada: promedio de 48 haberes, factor del 80% y base del 70%
- Por terminación de carrera: factor del 85%
Para personal con menos de 20 años pero al menos 18:
- Requisitos más exigentes que llegan hasta 23 años de servicio en algunos casos
- Factores de cálculo que pueden reducir significativamente las prestaciones
El Silencio Organizado
Mientras Fiallos anunció que recorrerá los destacamentos para "socializar" la nueva ley y "evitar especulaciones", la realidad es que esta socialización será unidireccional. No habrá espacio para el debate real ni para que la tropa exprese sus verdaderas preocupaciones.
El subsecretario de Planificación del Ministerio de Defensa, Juan Francisco Martínez, pidió "tranquilidad" a la población militar, una frase que suena más a imposición de silencio que a garantía de derechos.
Una Democracia a Medias
El presidente de la comisión, asambleísta Eckenner Recalde, mencionó que se invitará a "organizaciones legalizadas" para participar en la discusión. Sin embargo, queda claro que la voz directa de los militares de base seguirá siendo filtrada y controlada por sus superiores jerárquicos.
Esta situación refleja una contradicción fundamental: mientras se habla de proteger los derechos de quienes protegen la patria, se les niega el derecho básico de expresar sus opiniones sobre las leyes que determinarán su futuro económico y el de sus familias.
La verdadera pregunta que surge es: ¿puede haber justicia social cuando se silencia a los propios beneficiarios de las políticas públicas? La respuesta del establishment militar parece ser un rotundo no, manteniendo estructuras autoritarias que contradicen los principios democráticos que supuestamente defienden.