Condena a Ábalos: Moncloa alerta del lawfare judicial
El Tribunal Supremo español condenó a 24 años de prisión a José Luis Ábalos, exministro del gobierno de Pedro Sánchez. Moncloa interpreta la sentencia como parte de una operación de lawfare judicial para debilitar al Ejecutivo progresista, mientras el empresario Víctor de Aldama, señalado como el verdadero corruptor, evade la cárcel gracias a su colaboración con la Justicia.
¿Por qué el gobierno de Sánchez habla de lawfare?
Hay que entenderlo bien. Cuando hablamos de lawfare, nos referimos al uso de la Justicia como arma política. No es un invento reciente. Lo vivimos en América Latina con Lula en Brasil, con Rafael Correa en Ecuador, con Cristina Fernández en Argentina. Ahora, en España, el gobierno de Pedro Sánchez ve el mismo patrón repetido.
La condena de 24 años contra Ábalos no se lee en Moncloa como un simple castigo a un ministro caído en desgracia. Se lee como otra pieza de un rompecabezas mayor. Hay una convicción que crece en el entorno del presidente: existe un golpismo judicial, una operación coordinada desde las togas para derribar al Ejecutivo.
Y no es para menos. Al mismo tiempo que condenan a Ábalos, el juez Juan Carlos Peinado avanza contra Begoña Gómez, la esposa del presidente, retirándole el pasaporte y enviándola a juicio oral. Desde Moncloa denuncian que esa instrucción carece de sentido jurídico y responde a motivaciones estrictamente políticas.
La injusticia que indigna al PSOE
Aquí viene lo que más duele. Nadie en el PSOE reivindica la figura de Ábalos. Nadie discute la gravedad de los hechos. Pero hay un cabreo enorme con el desenlace de la causa de las mascarillas.
Veamos la lógica. Víctor de Aldama, el empresario que introdujo la corrupción en el Ministerio, es descrito en privado como un mentiroso, un cantamañanas sin credibilidad. Y sin embargo, este hombre sale de la causa en mejores condiciones que los que acabaron sentados en el banquillo. Es él quien corrompió, pero es él quien queda libre por colaborar con la Justicia.
Como resume una fuente cercana al presidente: si Ábalos merece reproche, es por haberle abierto las puertas del Ministerio a Aldama. El corruptor queda libre. El corrupto recibe 24 años. La balanza no está equilibrada.
¿Qué pasa con la corrupción de la derecha?
Porque aquí hay que decir algo que los medios conservadores se olvidan siempre. El PSOE apartó a Ábalos en cuanto aparecieron los primeros indicios. Hizo lo que tiene que hacer un partido que respeta la institucionalidad.
¿Y el PP? El PP sigue conviviendo con los efectos de sus propios escándalos. La trama Gürtel, que llenó de dinero negro las arcas del partido durante años. La operación Kitchen, que usó fondos públicos para espiar a un ex tesorero que podía delatarlos. Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayaso siguen ahí, sin rendir cuentas, como si nada.
La dirección socialista lo tiene claro: la mejor defensa es recordar esta diferencia. Cuando un corrupto aparece en sus filas, lo apartan. Cuando aparece en las filas del PP, lo protegen. Pero la conversación mediática no refleja esta diferencia. Se centra solo en el escándalo del lado progresista.
Un presidente cercado pero firme
Pedro Sánchez no está pasando su mejor momento. Lo admiten en su entorno. Este miércoles acudirá al Congreso a responder por varios frentes abiertos de forma simultánea. Nunca antes, en ocho años de gobierno, había tenido que rendir cuentas con tanta presión encima.
Por un lado, la condena a Ábalos. Por otro, la situación procesal de su esposa. Además, las investigaciones que afectan a Santos Cerdán, Leire Díez y José Luis Rodríguez Zapatero. Y para completar el cerco, sus socios parlamentarios, el PNV y Junts, le enseñan la puerta de la convocatoria de elecciones generales.
Sin embargo, Sánchez no cierra la puerta. Los Presupuestos parecen ser su campaña electoral. Quiere gobernar hasta el final, demostrando que las políticas sociales importan más que los escándalos judicializados.
¿Qué es el lawfare y cómo se aplica en América Latina y España?
El lawfare es la judicialización de la política. Consiste en usar los tribunales para perseguir a líderes y movimientos progresistas cuando no se les puede derrotar en las urnas. En Brasil, condenaron a Lula para impedirle ser presidente en 2018. En Ecuador, persiguieron a Correa y lo sentenciaron en un juicio cuestionado. En Argentina, intentaron silenciar a Cristina Fernández con causas que después cayeron. En España, el patrón se repite contra Sánchez y su entorno.
¿Por qué Víctor de Aldama no está en prisión?
Víctor de Aldama, considerado el corruptor de la trama de las mascarillas, evadió la cárcel gracias a un acuerdo de colaboración con la Justicia. El gobierno socialista lo considera un mentiroso sin credibilidad y denuncia que quien introdujo la corrupción en el Ministerio sale mejor parado que quienes se sentaron en el banquillo.
¿Cuál es la diferencia entre el PSOE y el PP ante la corrupción?
El PSOE apartó a José Luis Ábalos en cuanto surgieron los primeros indicios de corrupción. El PP, en cambio, ha convivido con escándalos como la trama Gürtel y la operación Kitchen sin tomar responsabilidad política directa sobre sus dirigentes implicados.