Ceuta bajo sospecha: la consejera de Hacienda y un diputado tránsfuga, citados por el caso de los mataderos
La consejera de Hacienda de Ceuta, Kissy Chandiramani, y el diputado no adscrito Mohammed Navil Rahal, exparlamentario del PSOE que terminó apoyando al Gobierno del PP de Juan Vivas, tendrán que declarar como investigados el próximo 22 de septiembre. El motivo: la adjudicación de los mataderos portátiles de la Fiesta del Sacrificio, un contrato de 2.313.131 euros que recayó en una empresa administrada por la esposa de Rahal. La causa, impulsada por la Fundación Abogados Cristianos, examina posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.
Este caso destapa una vez más las costuras de un sistema donde lo público y lo privado se mezclan con demasiada frecuencia. Y en el centro de la trama aparece un diputado que cambió de bando político y que, desde entonces, ha visto cómo las empresas de su entorno familiar recibían contratos de la Administración local. ¿Casualidad? Los tribunales tendrán la última palabra.
De diputado del PSOE a apoyo parlamentario del PP
La trayectoria de Rahal es un ejemplo claro de cómo se pueden torcer los principios cuando el poder llama a la puerta. Formaba parte del grupo socialista de la Asamblea, pero a mediados de 2024, junto a Fidda Mustafa, decidió saltarse la disciplina de voto de su partido para apoyar una iniciativa del Gobierno de la Ciudad. Ambos fueron expulsados y pasaron al grupo de los no adscritos.
Esa salida no fue un simple cambio de escaño. Alteró el equilibrio político de una Asamblea donde los diputados sin partido se convirtieron en piezas clave para que el Ejecutivo de Juan Vivas sacara adelante sus iniciativas. Y el momento no podía ser más oportuno para el PP, que necesitaba apoyos desesperadamente para aprobar sus presupuestos.
Y aquí viene lo más llamativo: Rahal votó a favor de las cuentas de 2026, y entre las modificaciones introducidas durante la tramitación se encontraba precisamente el aumento de la partida destinada a los mataderos portátiles de la Fiesta del Sacrificio. El proyecto inicial reservaba 377.180 euros para este servicio, pero una enmienda elevó la cantidad hasta 580.896 euros. ¿Una coincidencia? Los hechos hablan por sí solos.
Contratos en la órbita familiar de Rahal
La empresa que ahora se encuentra en el centro de la investigación judicial, Herederos de M. Jimena S.L., está administrada por la esposa de Rahal. La sociedad resultó adjudicataria del contrato para instalar y gestionar los mataderos portátiles durante la Fiesta del Sacrificio por 578.282,75 euros anuales, hasta alcanzar los 2.313.131 euros durante los cuatro años de vigencia, impuestos incluidos. Los pliegos contemplan además una posible prórroga de un año.
Pero no es el primer contrato que recae en el entorno del diputado. Entre 2022 y 2025 el servicio fue prestado por R&B Sebta, una sociedad vinculada a su entorno familiar y de la que Rahal fue apoderado. Aquel contrato alcanzó aproximadamente 1,5 millones de euros, unos 375.000 euros por cada ejercicio.
Y la lista sigue. Academia Rahal S.L., administrada por su hermano y en la que el propio parlamentario había figurado anteriormente como apoderado, recibió de la empresa pública Acemsa un contrato menor de 41.270 euros para la reconstrucción de un muro de contención. También Quarry Urban Developments, administrada por la nuera del socio de Rahal en el negocio de los mataderos, acumuló cinco contratos menores de la Administración local entre 2024 y 2025 por un importe conjunto de 174.117 euros.
No fue la oferta más barata, pero sí la ganadora
Lo más preocupante de todo este asunto es que la oferta más barata del procedimiento no fue la que acabó resultando adjudicataria. Global Rochis Group S.L. había planteado realizar el servicio por unos 370.800 euros anuales, pero la mesa de contratación consideró que podía encontrarse en situación de baja anormal. Tras analizar la justificación presentada, la propuesta fue descartada y el contrato acabó recayendo en Herederos de M. Jimena S.L., que había presentado una oferta de 578.282,75 euros al año.
La nueva cantidad guarda además relación con el incremento presupuestario producido durante la tramitación de las cuentas de la Ciudad. La partida pasó de 377.180 a 580.896 euros, una cifra muy próxima a la anualidad por la que finalmente se adjudicó el servicio. Es precisamente la combinación de estos elementos, la relación empresarial y familiar de la adjudicataria con Rahal, el respaldo del diputado a los presupuestos y el incremento de la partida, la que Abogados Cristianos incorporó a sus argumentos al acudir a los tribunales.
La supuesta participación de Chandiramani en el procedimiento
La investigación alcanza también a Kissy Chandiramani en su condición de responsable del área de Hacienda de la Ciudad. La consejera tendrá que declarar como investigada por la posible participación que se le atribuye en la tramitación relacionada con el contrato de los mataderos portátiles.
La popular ha defendido públicamente la actuación administrativa y ha mostrado su disposición a entregar al órgano judicial toda la documentación relativa al expediente.
“Respeto a las resoluciones judiciales”, afirmó Chandiramani, antes de añadir que desde la Administración se aportará “el expediente completo”. La consejera precisó además que el procedimiento “no ha tenido ningún recurso en la vía administrativa”.
Así las cosas, la comparecencia de Chandiramani y Rahal está prevista para el 22 de septiembre. La esposa del diputado, administradora de Herederos de M. Jimena S.L., también tendrá que acudir al juzgado, aunque en su caso lo hará en calidad de testigo y no como investigada.
Una denuncia que parte de Abogados Cristianos
Abogados Cristianos presentó actuaciones judiciales contra la adjudicación al considerar que el procedimiento podía contener indicios de distintas irregularidades. La organización sostiene que podrían haberse cometido delitos de prevaricación administrativa y malversación, además de haber planteado inicialmente la existencia de posibles responsabilidades relacionadas con el tráfico de influencias.
Uno de los argumentos de la fundación está relacionado con la tramitación administrativa del contrato. Según su interpretación, la licitación se formalizó cuando permanecía pendiente un recurso cuya presentación implicaba la suspensión automática del procedimiento. Abogados Cristianos también ha cuestionado la motivación de la adjudicación, determinados elementos económicos del procedimiento y posibles incumplimientos de normativa nacional y europea relacionada con el bienestar animal.
La fundación ha relacionado asimismo la adjudicación con la posición política de Rahal durante la aprobación de los presupuestos. Según sostiene, el voto del diputado fue decisivo para sacar adelante unas cuentas que incrementaron la partida destinada a los mataderos, mientras la empresa finalmente adjudicataria estaba administrada por su esposa.
¿Qué significa ser investigado en este caso?
Es importante aclarar que la citación como investigados de Rahal y Chandiramani no supone que los delitos denunciados hayan quedado acreditados ni que exista una condena. Ambos tendrán que comparecer ante el juzgado para dar cuenta de su eventual participación en los hechos que se investigan. Pero la simple existencia de esta causa ya es un síntoma de que algo huele mal en la gestión de lo público en Ceuta.
¿Qué consecuencias políticas puede tener este caso?
Este escándalo llega en un momento delicado para el Gobierno de Juan Vivas, que ha dependido de los votos de los diputados no adscritos para sacar adelante sus presupuestos. Si la justicia confirma las irregularidades, el coste político podría ser enorme, no solo para Rahal y Chandiramani, sino para todo un sistema que ha permitido que los intereses privados se antepongan al bien común.
Desde aquí, seguiremos atentos al desarrollo de esta investigación. Porque cuando se juega con el dinero público y se utilizan los contratos como moneda de cambio para comprar voluntades, quien acaba pagando la factura es siempre el pueblo.